Órgano Judicial recibirá transferencia de Bs 10,8 millones para atender emergencia presupuestaria
Según el reporte del TSJ, los recursos se enfocarán en priorizar la contratación de personal eventual que mitigará las necesidades por las que atraviesa esta institución de justicia
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que, debido a la emergencia presupuestaria declarada por las tres instituciones que conforman el Órgano Judicial -Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental- se logró una transferencia desde el Estado que asciende a Bs 10,8 millones
Según el reporte que fue difundido ester martes, esta medida surgió tras varias reuniones de coordinación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía.
La transferencia se destinará principalmente a la contratación de personal eventual, con el objetivo de mitigar las necesidades urgentes de la institución de justicia, es decir, esta acción tiene como fin garantizar una atención eficiente y eficaz a la sociedad boliviana.
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En el comunicado del TSE destacó que el personal eventual se asignará para las atenciones en ventanillas, el primer punto de contacto con los ciudadanos, garantizando así el acceso a la justicia como un derecho fundamental para todos los bolivianos.
En días pasados, las altas autoridades del Órgano Judicial señalaron que la decisión de declarar la emergencia presupuestaria fue tomada de forma unánime por las tres instituciones involucradas.
Al respecto, el presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, subrayó que el Órgano Judicial enfrenta una falta de recursos, con Bs 140 millones menos de los necesarios para su funcionamiento.
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”No podemos hablar de reforma normativa si no tenemos un presupuesto que nos garantice, por lo menos, el funcionamiento del Órgano Judicial”, expresó Saucedo. “Sería irresponsable hablar de reformas sin los recursos adecuados”, agregó.
En esa ocasión, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, enfatizó la necesidad de un presupuesto mínimo del 3%, tal como lo establece la norma, y no de asignaciones anuales que pongan en riesgo la independencia judicial.
