Situación en la Fiscalía: “Han cerrado el sistema para no admitir las denuncias”, acusa el Gobierno
Además, el vocero presidencial sostuvo que Luis Montaño Morales está “autodeclarándose como fiscal general”. Entretanto, la Defensoría del Pueblo pidió garantizar la continuidad de la atención a la población por parte de la Fiscalía
El vocero presidencial José Luis Galvez denunció este jueves que el sistema de la Fiscalía fue cerrado para impedir la admisión de denuncias, a tiempo de acusar a Luis Montaño Morales de “usurpación de funciones” y de intentar destituir a fiscales.
“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano que han cerrado el sistema para no admitir las denuncias”, dijo el vocero en conferencia de prensa.
La situación se dio a conocer horas después de que el fiscal Montaño desvinculara al fiscal de materia Juan Pablo Mazzone, encargado de tomar las declaraciones de los fiscales que permanecen aprehendidos Róger Mariaca (fiscal general) y Alberto Zeballos (fiscal departamental).
Según el vocero, esta situación forma parte de acciones destinadas a evitar que fiscales de turno presenten las denuncias correspondientes contra personas detenidas, mientras se desarrolla la controversia por la máxima autoridad del Ministerio Público.
Galvez también cuestionó la actuación de Montaño y sostuvo que este se encuentra “usurpando de funciones, autodeclarándose como fiscal general”.
“Quiero que el pueblo boliviano sepa que él (Montaño) está intentando destituir a los fiscales que están trabajando en favor del pueblo boliviano y que pretenden presentar, están trabajando para presentar, y lo van a hacer, las denuncias que corresponden contra las personas detenidas”, dijo el portavoz.
Mensaje de la Defensoría del Pueblo
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo recordó que la Constitución establece que el Ministerio Público defiende la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejerce la acción penal pública y cuenta con autonomía funcional, administrativa y financiera.
En ese marco, la institución pidió preservar la continuidad y regularidad del funcionamiento del Ministerio Público, exhortando a las autoridades públicas a actuar con responsabilidad institucional y mesura.
La Defensoría también consideró que las instancias competentes deben determinar y formalizar la sucesión con estricto apego al artículo 25.II de la Ley N.º 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.
