Un estudio revela que una de cada 2 mujeres sufrieron violencia física o sexual en Bolivia
El estudio también ratificó la escasa confianza en el cuestionado sistema judicial para asegurar la reparación a las víctimas de estos sucesos
Una de cada dos mujeres y cuatro de cada diez adolescentes han sufrido violencia física o sexual a lo largo de sus vidas en Bolivia, según un estudio presentado este jueves que también ratificó la escasa confianza en el cuestionado sistema judicial para asegurar la reparación a las víctimas de estos sucesos.
‘En mis zapatos. Estudio sobre la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, y la respuesta del sistema de justicia’ es el título de la investigación realizada por Misión Internacional de Justicia (IJM) Bolivia y el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) de la Universidad Católica Boliviana (UCB).
La iniciativa de IJM surgió con el fin de tener “datos de línea base fundamentales” para ampliar su campo de acción que estaba centrado en la lucha contra la violencia hacia menores y ahora también incluirá a las mujeres mayores de 18 años, explicó a la agencia EFE la directora de Campo de esa institución en Bolivia, Alejandra Cámara.
Según Cámara, la entidad vio en el IICC a un “aliado ideal para generar este estudio que pueda hacer un seguimiento al trabajo” que se efectuará “dentro del proyecto Bolivia IJM”.
Los datos permitirán pedir cambios legislativos como la modificación del delito de violación a niños y adolescentes o la “imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, agregó.
La investigación fue “muy desafiante” y tomó dos años y medio en los que se aplicaron más de 3.000 encuestas en las ciudades de La Paz, El Alto, Sucre y Cochabamba y fueron revisados unos 700 cuadernos de control jurisdiccional, dijo a EFE la coordinadora institucional del IICC, Marcela Losantos.
Datos alarmantes
El estudio contempla cuatro ejes o “dominios”, la prevalencia u ocurrencia de casos de violencia física o sexual contra menores y mujeres, el desempeño del sistema público de justicia penal (SPJP), la percepción de confianza en ese sistema y la dependencia o disposición de las víctimas a denunciar y continuar un proceso hasta lograr justicia.
Uno de los datos más relevantes es que una de cada dos mujeres y cuatro de cada 10 adolescentes han experimentado violencia física o sexual a lo largo de sus vidas.
Además, sólo dos de 10 mujeres y uno de 20 adolescentes que experimentaron estas violencias las han denunciado.
El informe también indica que 8 de 10 adolescentes y el 54,6 % de las mujeres que fueron víctimas de violencia corren el riesgo de sufrirla nuevamente.
Sólo una de cada diez víctimas que compartió con alguien sobre la violencia sufrida recibe algún tipo de servicio para su restauración
Por otra parte, el 4,53 % de los adolescentes y el 16,89 % de las mujeres víctimas de violencia la han denunciado y tan solo una de cada 10 víctimas que ha contado a alguien sobre el daño sufrido recibe algún tipo de servicio que ayude a lograr su restauración.
Desempeño y confianza
Según Losantos, en la revisión a los cuadernos de control jurisdiccional se evidenció que sólo 2,9 % de los casos lograron una sentencia ejecutoriada y el 60 % “han sido rechazados”.
La investigación también reveló que los tiempos promedio en las etapas iniciales del proceso penal exceden los límites legales y que el promedio de días transcurridos desde la denuncia hasta la obtención de una sentencia ejecutoriada supera el tiempo de tres años establecido por ley.
“En este proceso suceden revictimizaciones constantes. Seis de cada diez de las personas que sufren violencia la vuelven a sufrir mientras están en el proceso de enfrentar la denuncia”, lamentó Losantos.
Sólo el 21,7 % de personas encuestadas, incluidos funcionarios del mismo sistema judicial, confían en la efectividad general del mismo.
Losantos consideró que la confianza en el sistema “no es solamente un tema de voluntad de los funcionarios, sino de las condiciones en las que se encuentran en estos momentos”.
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“El presupuesto para justicia es bajo y existe altísima rotación de personal, existe baja confianza de los ciudadanos en el propio sistema, entonces la gente la piensa más de una vez al iniciar una denuncia”, mencionó.
La investigadora destacó que el Consejo de la Magistratura les permitiera hacer esta revisión “porque no hay un sistema que aprenda si no se puede mirar a sí mismo”.
Los datos permitirán hacer un llamado “a la acción” a las instituciones y a la sociedad” para que se pongan en los “zapatos” de las víctimas, indicó.
El estudio fue presentado en momentos en que la Justicia boliviana sigue en la crisis crónica que afronta desde hace años, a lo que se sumó la prórroga de sus altos magistrados a falta de las elecciones judiciales que debieron celebrarse en 2023.
