El “parqueo tarifado” desata otro conflicto en La Paz: El Concejo trata este martes una ley para frenar el servicio, las empresas responden con una denuncia
El plan ha encontrado resistencia en el Concejo paceño, instancia en la cual se tramita una ley para frenar el servicio porque una parte de los concejales, incluyendo algunos “oficialistas” la consideran ilegal. El presidente del Legislativo edil urge diálogo
A iniciativa del alcalde Iván Arias, el “parqueo tarifado” se implementa en la ciudad de La Paz desde el 15 de septiembre en seis barrios: Calacoto, San Miguel, Obrajes, Miraflores y Sopocachi y el Casco Urbano Central.
Sin embargo, el plan ha encontrado resistencia en el Concejo paceño, instancia en la cual se tramita una ley para frenar el servicio porque una parte de los concejales, incluyendo algunos “oficialistas” la consideran ilegal.
Esta norma está a unos pasos de su aprobación y ha desatado un nuevo conflicto en la municipalidad. El Concejo sesionará la tarde de este martes para tratar el asunto y la norma, aunque la Arias ya anunció que rechazará esa ley.
No obstante, Arias aseguró que el plan está en plena vigencia y “no va a ser revertida” puesto que -según su versión- tiene base en planes aplicados en Chile y Perú. Aseguró que en el caso de La Paz ya muestra resultados positivos.
“Las empresas han pagado el desarrollo de la plataforma. La Alcaldía no está gastando un peso y más bien vamos a recibir un porcentaje de 15% de eso para hacer obras en la ciudad”, subrayó.
En una entrevista con La Revista de la red UNITEL, el presidente del Concejo, Jorge Dulón, argumentó que las observaciones surgen porque “se ha hecho de manera unilateral” y “hay una ley de alianza público privadas que debería haberse utilizado” para la vigencia del plan.
“Lamentablemente, el Ejecutivo ha dado un permiso de uso de espacios públicos que lo ha decidido un unilateralmente y genera dudas. No se sabe quiénes son las empresas, cómo se las ha convocado, cuánto gana el ejecutivo, si han hecho bien el proceso de pintado”, señaló.
“Ya hay denuncias ciudadanas que eso no ha sido bien llevado”, sostuvo.
El director de Gobernabilidad de la Alcaldía, Gonzalo Barrientos, remarcó en otra entrevista con La Revista de la red UNITEL que “cualquier decisión que tome el Concejo es ilegal e inconstitucionalidad” porque “la ley no es retroactiva”.
En ese marco, indicó que se comete “usurpación de funciones” porque es competencia de la Alcaldía el diseño de este tipo de planes y explicó que tiene base legal en dos ordenanzas municipales de 2003.
“Esta es una necesidad de los ciudadanos porque son espacios públicos que tienen que ser utilizados democráticamente”, señaló y cuestionó que algunas personas tomaban estos espacios “todo el día”.
También comparó el actual plan con el que se impulsó en la gestión del exalcalde Luis Revilla. “Recaudaba 4,5 millones y necesitaba 12 millones para el pago de sueldo, perdíamos 8 millones de bolivianos”, señaló.
Barrientos explicó que del total de ingresos que se proyecta, el 72% está destinado a gastos de operaciones y del 28% restante de la utilidad a la Alcaldía le corresponde el 15% y a las empresas el 13%.
“La Alcaldía se queda con un mayor porcentaje, pero siempre y cuando tengamos una ocupación total de más del 80% de los espacios: En este momento tenemos menos del 10%, entonces, está arriesgando el empresario”, dijo tras apuntar a los concejales del MAS, aunque también las críticas provienen del oficialista Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP).
Denuncias
El lunes, el programa radial de TikTok Live “Dialogando con el Negro”, el representante de la empresa Noach, Haldivec Escobar —adjudicataria de los parqueos tarifados en Calacoto y San Miguel— salió al frente de las críticas y defendió la legalidad del proceso.
En ese contacto, las empresas presentaron una denuncia penal por difamación contra los concejales Pierre Chain (MAS), Javier Escalier (MAS), Roxana Pérez del Castillo (MAS) y Yelka Maric (oficialismo) porque afectan su trabajo y la estabilidad de decenas de familias vinculadas al proyecto “Parqueo para Todos”, reportó AMUN.
“Ni ellos tienen la culpa, ni los concejales tienen la culpa, la responsabilidad la tiene el Ejecutivo de no haber hecho bien y adecuadamente las cosas”, sostuvo Dulón.
En ese marco, dijo que es hora de que se instale un diálogo para que los concejales, la Alcaldía, las empresas, gremiales y los transportistas lleguen a un consenso para “proponer un proyecto vigoroso, que dure en el tiempo, se institucionalice y sea de utilidad a la gente”.
