Incendios: Por “omisión”, Defensor presenta acción popular contra tres ministros y los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Pando
Según la denuncia, las citadas autoridades no atendieron “oportunamente” los incendios forestales que golpean al oriente y el norte del país. También están señalados 12 alcaldes de los municipios afectados
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, interpuso este miércoles ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular en contra de tres ministros de Estado, tres gobernadores departamentales y doce alcaldes municipales.
Según la denuncia, las citadas autoridades no atendieron “oportunamente” los incendios forestales que golpean al oriente y el norte del país y, por ende, hay una omisión en sus obligaciones.
Las autoridades citadas con la acción popular presentada por la autoridad defensorial son los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer; de Salud y Deportes, María Renée Castro; y de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro.
Asimismo, están denunciados los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Mario Aguilera; de Beni, José Alejandro Unzueta, y de Pando, Regis Germán Richter.
También están señalados los alcaldes de los municipios de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro.
Argumentos
La acción popular presentada por la autoridad defensorial hace una exposición de una serie de datos sobre incendios forestales que incluye un repaso a la información desde 2019 y muestra cómo a lo largo de estos años, los focos de calor se incrementaron.
Como conclusión, la Defensoría establece que “la situación actual es altamente lesiva de derechos y ha desnudado al menos dos elementos: La falta de prevención y la falta de previsión y reacción efectiva frente a una situación como la presente”.
Acciones
El documento puntualiza además cinco aspectos relevantes sobre los que se exige acciones concretas, entre ellos el hecho de que ninguno de los niveles estatales ha obrado conforme manda la norma, esto en la medida en la que, si hubieran cumplido sus deberes en lo que respecta a prevención, alertas tempranas y otros, el escenario actual no sería desfavorable.
Los otros aspectos están vinculados a los derechos de la Madre Tierra referidos a la biodiversidad y áreas protegidas, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos en sus elementos de tierra, territorio y territorialidad.
Asimismo, apunta a la situación del pueblo indígena ayoreo en aislamiento voluntario y sobre la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.
Según un boletín de prensa, la acción popular identifica una omisión de las autoridades accionadas que vulnera derechos humanos de la Madre Tierra y sus habitantes.
“Han omitido cumplir eficientemente sus responsabilidades” en diferentes aspectos como, las competencias de los gobiernos autónomos municipales, de los gobiernos autónomos departamentales y la omisión del nivel central del Estado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente.
En ese marco, el Defensor del Pueblo reiteró el compromiso institucional de defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra.
