La Paz: Dockweiler dice que la Alcaldía pagó beneficios sociales tras orden de apremio por deuda laboral

El abogado de la parte demandante dijo que el municipio debe cumplir con el pago de Bs 82.179 por concepto de beneficios sociales.

Publicación: Hace 1 hora
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[GAMLP] / El alcalde del municipio de La Paz, César Dockweiler

Tras conocerse este miércoles una orden de apremio contra el alcalde del municipio de La Paz, César Dockweiler, por una deuda laboral, la autoridad informó que, luego de conocer la determinación judicial, se procedió con el pago de los beneficios sociales a la parte demandante.

“Hoy se ha hecho la respectiva cancelación. Nos dan 72 horas, pero ya se ha resuelto en el día”, dijo el alcalde en conferencia de prensa.

Ante esta demanda, el alcalde Dockweiler aclaró que el proceso corresponde a una gestión anterior, que presuntamente no cumplió con el pago de los beneficios sociales al trabajador.

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“Son demandas laborales que no son atribuibles a mi persona, son atribuibles a pasadas gestiones. Son por beneficios sociales que no se cumplieron en la anterior gestión y que ahora recae sobre la figura de la autoridad, esto es contra el alcalde. Sea quien sea el alcalde, le llegarán estas órdenes”, explicó.

Este miércoles se conoció una orden de apremio fue emitida contra el alcalde Dockweiler, por el presunto incumplimiento del pago de beneficios sociales a un extrabajador del municipio paceño, según el abogado del demandante, Freddy Mariscal.

“La autoridad paceña está sometida a una resolución de un juzgado laboral. Se dispone una orden de apremio, que es muy distinta de un mandamiento de aprehensión. El mandamiento de apremio ordena la conducción de esta persona a un centro penitenciario”, dijo el abogado.

El abogado señaló que el municipio debe cumplir con el pago de Bs 82.179 por concepto de beneficios sociales. El jurista agregó que el proceso se prolongó durante dos años.

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Es un proceso laboral que se le debe a un extrabajador por 23 años una suma de más de 82 mil bolivianos por beneficios sociales. El juez ha conminado al municipio para que se cancele en tres días, pero no se ha cumplido con la orden judicial”, agregó.

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