Advierten que el año pasado se registraron 237 avasallamientos y los nuevos casos tienen en vilo a los productores

La preocupación de los productores crece ante la toma ilegal de tierras productivas al advertir que en el informe de rendición pública de cuentas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en su sección de reporte nacional de avasallamientos y desalojos refleja 237 avasallamientos registrados a 2023 (136, bajo la tuición de esa entidad), solo 33 desalojos fueron ejecutados.

Este escenario viene siendo denunciados por instituciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), desde donde denuncian que la producción de alimentos para el país sufre una nueva amenaza.

Según los antecedentes más recientes, se puso en manifiesto el riesgo de que al menos 70.000 hectáreas en la provincia Obispo Santiestevan de Santa Cruz, destinadas al cultivo de soya, maíz y sorgo, sean avasalladas por grupos irregulares.

“Si se quiere impulsar una política pública de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental, un principio básico es tener seguridad jurídica sobre las tierras y derechos de propiedad claros. Que al obtener un título, el productor realmente sea dueño, pueda invertir con certeza, transferir la tierra, dividirla, heredarla o hipotecarla para un crédito productivo”, indica Fernando Asturizaga, abogado especialista en derecho agrario, medioambiente, recursos naturales y desarrollo rural.

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Desde el punto de vista del analista, las propiedades agrarias con títulos de propiedad son afectadas bajo nuevas formas de avasallamiento, que consisten en que grupos irregulares se atribuyen las funciones de jueces agroambientales y del propio INRA para exigir a los propietarios que acrediten ante ellos, derechos de propiedad.

“Además, (los avasalladores) entran y salen, sientan presencia en ciertas áreas de los predios e impiden que los propietarios desarrollen sus labores agrícolas”, manifestó Asturizaga, al acotar que la falta de control e intervención de las autoridades para frenar el problema no solo origina conflictos por tierra en Santa Cruz, sino también en Beni, Cochabamba y otros departamentos.

Muchos propietarios se han visto obligados a interponer acciones de amparo constitucional y denunciar ante el Ministerio Público los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras; y a pesar que se han emitido ordenes de aprehensión y desapoderamiento, todavía esperan la acción policial, tema que semanas atrás fue puesto en manifiesto por parte del gerente de Anapo, Jaime Hernández.

De acuerdo con el reporte de avasallamientos a 2023 del INRA, con el apoyo de la fuerza pública, se logró efectuar desalojos en solo 25 de los avasallamientos en Santa Cruz, cinco en Beni, dos en Cochabamba y uno en Tarija. Durante estos operativos, se detuvo a 59 personas involucradas en estos actos ilegales. Además, se recuperaron 31.013 hectáreas, restituyendo así la legalidad sobre estas tierras.

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El Ministerio de Gobierno reveló que en 2022 se registraron 272 denuncias por toma ilegal de predios, (el 80% ocurrió en Santa Cruz), aunque la Fundación Tierra estima que estos eventos sobrepasan los 300 anuales.

“El sector productivo requiere una intervención efectiva, que haga cumplir la Constitución, protegiendo las tierras productivas que cumplen la función económico-social, estén tituladas o no, siendo necesario que las autoridades cumplan la palabra del Presidente del Estado, para combatir este problema, que afecta tanto a la propiedad privada como a la estabilidad social y económica del país”, afirma Fernando Asturizaga.

El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, en una reciente entrevista aseveró que el 95% de los predios en Santa Cruz cuentan con titulación y que solo un 5% está en revisión.

Indicó, por tanto, que los propietarios deberían denunciar para que, en tres días, los jueces agroambientales emitan sentencia, declarando probadas o improbadas las demandas. “En caso de declararse probada, en cuatro días tiene que proceder al desalojo”, enfatizó.

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