Acuerdo pone fin a protesta campesina que bloqueaba aeropuerto colombiano de Bucaramanga
Bogotá, 14 abr (EFE).- La protesta campesina que durante una semana bloqueó el acceso al aeropuerto de Bucaramanga, capital del departamento colombiano de Santander (este), fue levantada este martes tras un acuerdo entre el Gobierno y autoridades regionales que contempla la revisión de los avalúos catastrales que originaron las manifestaciones.
"Se ha podido firmar un acta", afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al término de una reunión en Bucaramanga con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.
Benedetti agregó que "los alcaldes afectados van a revisar dónde fue que hubo un incremento" de los avalúos por encima de lo esperado por los campesinos de la zona y que en consecuencia aumentó los impuestos a pagar por las propiedades rurales. Asimismo, indicó que se crearán mesas técnicas para analizar la situación.
El ministro subrayó que con estos compromisos "se ha levantado el paro" en Santander y celebró que se haya evitado una escalada de violencia, uno de los principales temores del Ejecutivo durante las jornadas de protesta.
Las movilizaciones, protagonizadas por comunidades rurales, surgieron por el incremento en los avalúos catastrales, base para el cálculo del impuesto predial, lo que derivó en bloqueos de vías clave y afectaciones en actividades económicas de la región.
Por su parte, el gobernador Díaz aseguró que hará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y destacó que el diálogo permitió "recuperar la movilidad" en la región, especialmente al aeropuerto internacional Palonegro, de Bucaramanga, cuyas operaciones fueron suspendidas parcialmente la semana pasada.
"Recuperamos la movilidad y seguimos del lado de nuestros campesinos, trabajando por la seguridad, la prosperidad y la sostenibilidad del departamento", dijo el gobernador.
El acuerdo establece que se revisarán los incrementos registrados en distintos municipios y se buscarán fórmulas que eviten alzas desproporcionadas en el impuesto, en coordinación con alcaldías y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Este desenlace se produce un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtiera que los alcaldes que no impulsen ajustes en las tarifas del predial podrían ser destituidos.
El mandatario ha defendido la actualización catastral como una obligación legal ligada al Acuerdo de Paz de 2016, aunque ha insistido en que son los concejos municipales los responsables de fijar las tarifas que determinan el valor final del impuesto. EFE
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