AI Chile ve "contrario a los Derechos Humanos" posibles indultos a crímenes del estallido
Santiago de Chile, 21 abr (EFE).- El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) Chile, Rodrigo Bustos, dijo a EFE que indultar a carabineros y militares condenados por delitos relacionados con el estallido social de 2019 es "absolutamente contrario al marco de los Derechos Humanos que rigen" en el país.
En la presentación del Informe Global 2025-2026, que evalúa las calidades democráticas y de Derechos Humanos de todos los países, Bustos recalcó que llevar adelante estos indultos, una facultad presidencial vigente en Chile, "es absolutamente incoherente" con una administración, la del gobierno del actual mandatario, José Antonio Kast, que defiende la "seguridad".
El jefe de Estado chileno confirmó en marzo pasado que está estudiando la "posibilidad" de indultar a exuniformados condenados por delitos vinculados a las protestas de 2019, contexto que describió como "un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado".
"Ha habido condenas del estallido social que son casos de delitos muy graves. Son casos de homicidio, son casos de tortura, de lesiones gravísimas, y de violencia sexual", alertó Bustos.
Chile vivió en octubre de 2019 la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que comenzó como un reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro y se convirtió en un clamor transversal contra la desigualdad y en favor de mayores derechos sociales.
Conmutación de penas
Bustos se refirió en la misma línea al proyecto de ley presentado por un conjunto de senadores que busca suspender u otorgar cumplimiento de penas alternativas a condenados mayores y con enfermedades terminales, paraguas bajo el que se verían beneficiados criminales que se encuentran en edad avanzada y que formaron parte del aparato represivo de Pinochet.
El directivo de AI asegura que esa iniciativa "busca dejar en libertad, sacar de la cárcel a algunas de las personas que han cometido las peores atrocidades de nuestra historia, elaborado además en conjunto con abogados de algunos de los criminales peores de la historia de Chile, como el señor Miguel Krassnoff".
Exoficial del ejército chileno y miembro clave de la Dirección Nacional de Informaciones (DINA), la policía política de Pinochet, Krasnoff es uno de los represores chilenos que aun permanecen vivos y recluido en la cárcel de Punta Peuco, donde purga una condena a más de mil años de prisión por numerosos delitos contra los derechos humanos.
En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.
La dictadura dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
Caso Gustavo Gatica
Desde AI también se hizo alusión a la absolución este 2026 de Claudio Crespo, policía que mientras se desplegaba con las Fuerzas Especiales de Carabineros disparó al psicólogo Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.
"Se utilizó una ley que ya advertimos que podría llevar a la impunidad a los policías aún cuando puedan haber resultados letales o casi letales", señaló Bustos.
Gatica, de 27 años, se convirtió en una de las víctimas más emblemáticas del estallido social, fenómeno que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, y salió electo como el tercer diputado más votado del país en las elecciones parlamentarias de noviembre.
El 8 de noviembre de 2019, cuando tenía 21 años, perdió completamente la vista tras recibir el impacto de varios perdigones en su rostro disparados desde la escopeta del excarabinero Crespo, hecho acreditado por los tribunales chileno y que, según estos mismos organismos, no configuró el delito de apremios ilegítimos y se encontró amparado en el derecho. EFE
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