Alertan que Perú sólo usa un 48% del presupuesto para la búsqueda de mujeres desaparecidas
Lima, 29 abr (EFE).- Las autoridades peruanas registraron más de 45.000 denuncias de desaparición entre 2023 y 2025, de las cuales el 58 % fueron de mujeres, pero la ejecución del presupuesto destinado a la ubicación de estas personas fue de sólo un 48 %, según alertaron este miércoles organizaciones civiles como Flora Tristán y Amnistía Internacional en Lima.
Del total de personas desaparecidas en Perú, el 52 % fueron ubicadas y devueltas a sus familiares.
Sin embargo, la campaña Búscalas, ejecutada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía Internacional, con el apoyo de la Unión Europea (UE), impulsó el informe de 'Análisis de Presupuestos Públicos (2023-2025)', en el que encontró un incremento de 17,2 % en ese periodo, pero que no se tradujo en una mejora de la capacidad operativa del Estado.
La directora ejecutiva de Flora Tristán, Liz Meléndez, declaró -en rueda de prensa- que "no solo la falta de recursos limita la búsqueda, sino también los estereotipos como 'se habrá ido con el enamorado' que todavía persisten".
"Sin voluntad política para una ejecución efectiva, las respuestas llegan tarde y el dolor de las familias se vuelve permanente. No basta con tener leyes si el Estado no pone los recursos para cumplirlas", manifestó la activista.
A su vez, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Jennie Dador, expresó que "si hay impunidad y no hay una respuesta adecuada, se transmite que se pueden seguir desapareciendo mujeres y niñas sin que pase nada".
En la presentación del informe se alertó que el Programa de Seguridad Ciudadana, responsable de financiar las funciones policiales de búsqueda, dejó de gastar más de la mitad de sus recursos, al ejecutar solo el 48,4 % de lo planificado.
Sin este financiamiento real, herramientas como la línea telefónica 114 pierden efectividad, al dejar a las víctimas a merced de un sistema que carece de operatividad en las horas más críticas, resaltó el documento.
La campaña exige la creación urgente de un clasificador presupuestal específico para monitorear la calidad del gasto. EFE
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