Ambientalistas rechazan propuesta de Gobierno de Panamá de cierre de mina: es un "disfraz"
Ciudad de Panamá, 7 oct (EFE).- Grupos de ambientalistas de Panamá rechazaron este miércoles la propuesta de una comisión de Gobierno para cerrar de manera "autofinanciada" una gran mina de cobre, cerrada desde 2023 por un fallo judicial del Supremo tras una oleada de protestas, por ser un "disfraz" para reanudar operaciones.
Consideran que no es viable un cierre de la mina Cobre Panamá, que era explotada por una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), con financiación interna porque conllevaría la extracción del mineral, alargando la vida útil del yacimiento y aumentado los riesgos ambientales.
"La comisión interministerial propone una reactivación disfrazada. Hablar de un cierre ordenado autofinanciado por la misma operación minera durante décadas, lo que plantea es reanudar la extracción para generar los recursos que financiarán un cierre sin precisar duración y que podría extenderse durante décadas", denunció el ambientalista Carlos Bichet.
Futuro de la mina, en manos del presidente
Las organizaciones ambientales se agrupan en el 'Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería', que en 2023 empujó unas históricas protestas callejeras en rechazo a la renovación del contrato de concesión a la mina explotada de FQM, el cual fue declarado inconstitucional, por segunda vez, por la Corte Suprema de Justicia panameña.
Ahora el futuro de la mina paralizada está en manos del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, tras recibir un informe clave elaborado por una comisión interministerial que recomienda cerrarla de manera ordenada y autofinanciada a "costo cero" para el Estado.
Clausurar el lugar sin acuerdo con la empresa supondría, según advierte el informe, unos 3.400 millones de dólares a lo largo de casi dos décadas además de enfrentar las suspendidas reclamaciones arbitrales internacionales, cifradas en 27.000 millones de dólares.
Un argumento que los ambientalistas consideran una "falacia" porque los "costos" recaen sobre "el agua, los ecosistemas, la salud, la vida y los derechos humanos de las comunidades y las futuras generaciones" con consecuencias "inestimables e impagables".
"Eso lo que está haciendo es proteger el negocio a una empresa específica y no necesariamente el medio ambiente (...) Es incongruente con el fallo de la corte y la ley de moratoria minera porque enmascara una nueva concesión bajo una figura jurídica que ni siquiera ellos han dicho cuál es", explicó a EFE Bichet, miembro del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá.
Cerrar una mina
La mina, que representaba una inversión de 10.000 millones de dólares, el 4 % del PIB nacional y cerca de 7.000 empleos directos, se encuentra desde el año pasado en fase de preservación para procesar el mineral que quedó a la intemperie.
Para llevar a cabo la clausura sin reactivar la extracción de materiales, los activistas proponen ejecutar la fianza de abandono por más de 157 millones de dólares, entregada en 2024 por la empresa minera al Gobierno y vigente hasta 2029.
Un cierre seguro, ordenado y conforme a estándares internacionales requiere la contratación de una empresa experta así como aprovechar el personal existente con conocimiento técnico del área, según explicó a EFE Isaias Ramos, también del CIAM.
A ello se suma el monitoreo de aguas mediante control químico y físico para evaluar la generación de drenaje ácido; habría que desmontar la infraestructura (puertos y carreteras) asignando responsables, rellenar los relaves y tajos con manejo hidrológico además de reforestar el área a corto plazo.
"Las organizaciones ambientales nunca dijimos que era simplemente cerrar un sobre, es un proceso largo y complejo. Es por eso que en todo momento nos opusimos a la apertura de la mina", señaló a EFE Ramos.EFE
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