Amnistía Internacional acusa a Kenia de usar tácticas autoritarias para reprimir protestas
Nairobi, 19 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) acusó este lunes al Gobierno de Kenia de recurrir cada vez más a tácticas autoritarias, como detenciones arbitrarias, secuestros, vigilancia y represión contra los medios de comunicación, para sofocar las protestas ciudadanas contra la crisis económica y las políticas fiscales agresivas.
En un nuevo informe titulado "Derechos humanos bajo asedio: Análisis de las prácticas autoritarias en una era de presión económica en medio de las protestas lideradas por jóvenes en Kenia", la organización documenta cómo el descontento popular estalló entre 2023 y 2025 impulsado por el encarecimiento de los alimentos y el transporte, las subidas de impuestos, la elevada deuda pública, la corrupción y las promesas electorales incumplidas.
"Las conclusiones de este informe son inquietantes y pintan un panorama desolador de la respuesta represiva del Gobierno keniano ante los reclamos reales que afectan la vida cotidiana de la gente común", afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional Kenia, George Morara.
"Las autoridades deben abordar las quejas económicas que subyacen a las protestas, poner fin a la creciente represión de la disidencia y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos", añadió.
Para elaborar el documento, los investigadores de la organización entrevistaron entre abril y julio de 2026 a 102 personas, incluidos manifestantes, abogados, médicos, periodistas y activistas, además de revisar presupuestos y políticas fiscales.
Secuestros, torturas y vigilancia
El informe detalla el testimonio de 36 personas de cinco condados que sufrieron detenciones policiales o fueron secuestradas por presuntos agentes de seguridad durante las movilizaciones.
Entre los relatos afirmaron haber sufrido agresiones físicas, torturas e interrogatorios -sin asistencia legal- con la intención de descubrir sobre los supuestos financiadores de las protestas.
Entre los casos documentados figura el de Benjamin, quien aseguró haber sido interceptado, desnudado y abandonado en una plantación de caña de azúcar en Chemelil tras ser acusado de organizar protestas en Kisumu.
Otros afectados, como Ken y Lawrence, denunciaron haber sido encapuchados, introducidos a la fuerza en vehículos y sometidos a interrogatorios bajo amenazas y agresiones físicas.
AI también denunció la vigilancia ilegal de comunicaciones en plataformas como WhatsApp y X, así como el acoso y el uso de la fuerza contra la prensa, señalando que al menos seis periodistas sufrieron agresiones, disparos de gases lacrimógenos o la confiscación y destrucción de su material de trabajo.
La organización criticó el "desprecio del Gobierno por el poder judicial y el estado de derecho", tras documentar el incumplimiento de órdenes judiciales y la retirada de escoltas a magistrados.
Corrupción y rendición de cuentas
Cincuenta y cuatro de los manifestantes entrevistados señalaron a la corrupción como el motor principal de las protestas ante el desvío de fondos públicos destinados a servicios sociales.
Por su parte, Tigere Chagutah, director regional de AI para el este y el sur de África, advirtió que el Parlamento keniano debe garantizar una participación ciudadana real y frenar el despilfarro de recursos públicos.
"Hay que frenar la corrupción y el despilfarro de recursos públicos, que socavan el disfrute de los derechos básicos", remarcó Chagutah.
La organización instó al Ejecutivo a garantizar reparaciones integrales a las víctimas de la represión, procesar a los agentes de seguridad implicados, ratificar la convención internacional contra las desapariciones forzadas y aumentar los fondos de protección social para los sectores más vulnerables.
"El Gobierno también debe incrementar la transparencia en la gestión de la deuda, aumentar la partida presupuestaria destinada a la protección social para amortiguar a los sectores más vulnerables y garantizar que se realicen evaluaciones de derechos humanos antes de implementar cualquier reforma o política económica", concluyó el comunicado. EFE
aam/vh