Amnistía urge a El Salvador y Haití a transparentar operación militar y garantizar derechos humanos
San Salvador, 9 Nov 2026 (AFP) -
Amnistía Internacional instó este lunes a los gobiernos de El Salvador y Haití a publicar el acuerdo que ampara el despliegue de unos 2.000 militares salvadoreños en territorio haitiano y a garantizar que sus operaciones contra las pandillas respeten los derechos humanos.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió esas tropas como parte de un operativo de búsqueda de cuatro soldados de su país presuntamente secuestrados tras un atentado de pandilleros en Puerto Príncipe el pasado 18 de octubre.
Los militares desaparecieron al ser atacado el vehículo blindado en el que regresaban a su base. Pertenecen a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), una misión internacional apoyada por la ONU.
Antes del atentado, El Salvador tenía asignados unos 200 efectivos a la GSF.
Ambos gobiernos "deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos", señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.
Analistas y críticos de Bukele señalan opacidad en el despliegue y han puesto en duda que su objetivo sea únicamente el rescate de los cuatro soldados.
Bukele afirmó inicialmente que el propósito era llevar esos militares a casa, pero en mensajes posteriores ha dejado entrever el objetivo más amplio de acabar con las pandillas haitianas, como lo hizo en su país.
Amnistía también pidió a ambos gobiernos explicar cómo supervisan a las tropas, qué reglas rigen el uso de la fuerza y ante quién deben rendir cuentas. Además, reclamó mecanismos para que la población pueda denunciar posibles abusos "sin temor a represalias".
Su llamado se produce después de que el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, aclarara que la gran mayoría de los militares salvadoreños en Haití no forman parte de la fuerza multinacional, por lo que están fuera del mandato de la ONU y sus mecanismos de seguimiento.
Amnistía advirtió que las operaciones de seguridad pueden aumentar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una "crisis humanitaria". Igualmente, solicitó esclarecer el paradero de los cuatro salvadoreños.
La organización asegura que el gobierno de Bukele ha cometido abusos en su popular guerra contra las pandillas salvadoreñas, que podrían constituir "crímenes de lesa humanidad".
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