Bolivia pedirá ayuda internacional para auditar proyecto de compra y operación de radares
La Paz, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció este martes que pedirá ayuda internacional para auditar un proyecto de compra y un sistema de 13 radares de vigilancia civil y militar que hasta la fecha no funciona plenamente y por el que hay cuatro exministros de Defensa investigados por un presunto daño económico millonario.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo a los medios que el Gobierno hace un seguimiento judicial del caso y otro técnico de la puesta en marcha de los radares.
Justiniano señaló que se pidió "a la cooperación internacional" apoyo para "hacer una auditoría con empresas y técnicos que permita saber qué tan bien están funcionando" los radares y "qué hace falta".
Destacó además que es necesario un diagnóstico para saber cuál es el estado actual de todo el sistema de radares para tomar decisiones con el fin de que en un plazo determinado funcione en su integridad.
El ministro aclaró que una primera auditoría interna estableció que de los 13 radares, dos funcionan sin problema, nueve presentan observaciones y dos no funcionan.
El caso se remonta a agosto de 2016, cuando el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) contrató a la empresa francesa Thales para que instalara un sistema de 13 radares, con una inversión superior a los 200 millones de dólares.
Según la auditoría, el contrato original daba 31 meses para la entrega del sistema, pero el plazo se fue ampliando y se firmaron siete contratos modificatorios en distintas gestiones.
La demostración final del sistema se hizo 98 meses después de la firma.
La auditoría mencionada por Justiniano detectó un posible daño económico superior a 1.478 millones de bolivianos (unos 126,5 millones de dólares) en ese proyecto, por lo que el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, denunció penalmente hace tres semanas a cuatro exministros de Defensa.
La denuncia incluye a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Las cuatro exautoridades cumplieron funciones entre 2016 y 2025, Ferreira y Zavaleta en el Gobierno de Morales, López en la administración transitoria de Jeanine Áñez (2019-2020) y Novillo en la de Luis Arce (2020-2025).
Novillo fue detenido la semana pasada y la justicia determinó su arresto domiciliario, medida que será apelada por el Gobierno, indicó Justiniano. EFE
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