Bruselas busca privilegiar la producción europea en la adjudicación de contratos públicos
Bruselas, 9 sep (EFE).- La Comisión Europea propone exigir que al adjudicar contratos públicos en la Unión Europea se tengan en cuenta un mínimo de criterios de calidad de la oferta distintos del precio, como que los bienes o servicios sean producidos en Europa, con el fin de hacer un uso más estratégico de unas licitaciones que mueven miles de millones de euros al año.
La nueva Ley de Contratación Pública, presentada este miércoles, no obligará a incluir cláusulas de "preferencia europea" en las licitaciones, pero aclara el marco jurídico para que las autoridades públicas puedan hacerlo e incitarles a ello, y da poderes al Ejecutivo comunitario para vetar a proveedores de terceros países en ciertos casos.
"Mi apuesta es que al clarificar las reglas y despejar las dudas sobre cómo utilizar estos criterios, serán mucho más usados por los poderes públicos. Es la apuesta por dar seguridad jurídica y simplificar para tener un uso más sistemático", explicó el vicepresidente de Industria de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, en un encuentro con medios de comunicación.
Las entidades públicas de la Unión Europea gastan cada año en contratos públicos 2,6 billones de euros, un 15 % del PIB del bloque, de los que unos 600.000 millones están gobernados por las reglas comunitarias, el "equivalente al plan de recuperación poscovid", según destacó Séjourné.
La nueva ley revisa esas normas, que datan de 2014, no solo para lograr un uso más sencillo y eficiente de los recursos, sino para convertirlos en una "palanca económica" que permita a la UE perseguir objetivos como potenciar su base industrial, reforzar su seguridad estratégica o reducir dependencias, un enfoque que países como China, Estados Unidos o India ya usan en sus legislaciones.
30 % de peso a criterios de calidad
El principal cambio que plantea Bruselas es obligar a que los entes públicos den un peso de al menos el 30 % a criterios de calidad distintos del precio al evaluar las ofertas que reciban, que pueden ser la citada "preferencia europea", pero también criterios sociales, medioambientales, de innovación o de seguridad y resiliencia.
La norma, que se aplicará a todos los sectores salvo defensa, deja en manos de las autoridades decidir cuales de estos criterios incluyen y cómo combinarlos siempre que lleguen a ese umbral, que se eleva al 50 % en el caso de contratos con mucha mano de obra.
Preferencia europea
La ley incorpora además un nuevo marco horizontal para regular cómo se aplican los criterios de "preferencia europea" que especifica, en particular, que deben tenerse en cuenta las ofertas de aquellos países con los que la UE tiene acuerdos de acceso a sus mercados de contratación pública, como Reino Unido o Suiza.
Sin embargo, cuando no existan este tipo de pactos, los licitadores podrán descartar las ofertas de terceros países.
Además, la Comisión Europea podrá vetar a proveedores de terceros países aun cuando tengan acuerdos si considera que no están dando un acceso recíproco a su mercado a las empresas comunitarias.
Asimismo, la normativa exigirá en algunos casos a los licitadores que evalúen los riesgos de seguridad, ciberseguridad, información sensible o "influencia indebida de un tercer país" en las ofertas e incluye nuevas provisiones de seguridad de suministro y resiliencia para los contratos ligados a infraestructuras críticas.
Aunque no menciona a China, limitar el acceso del país asiático a los contratos públicos europeos sería una de las consecuencias de la propuesta, que según el Ejecutivo comunitario "refleja la creciente importancia geopolítica de la contratación pública" y busca apoyar la diversificación y la preparación frente a crisis.
La nueva ley complementará además a la de Aceleración Industrial, aún pendiente de aprobar, por la que la UE sí que exigirá un mínimo de contenido europeo al destinar fondos públicos a algunos sectores clave, como tecnologías limpias o automóvil, y que también deberán respetarse en las licitaciones que afecten a esos segmentos.
Simplificación
Por otro lado, la normativa prevé simplificar los procedimientos de adjudicación, permitir las consultas y negociaciones entre contratantes y oferentes durante el proceso de licitación; y crear una plataforma común que permita consultar procesos de toda la UE.
Las principales beneficiarias serían las pymes, adjudicatarias del 70 % de los contratos públicos del bloque, que tendrían mejor acceso y podrían hacer varias ofertas con un único registro, según la Comisión.
Bruselas calcula que la nueva ley, que aún debe ser aprobada por los Estados y la Eurocámara, ahorraría 650 millones de euros anuales en costes administrativos. EFE
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