Claves del pacto migratorio en España: recogida masiva de datos y agilización en el asilo
Madrid, 12 jun (EFE).- Este viernes entra en vigor en la Unión Europea (UE) el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un paquete normativo muy polémico por su visión enfocada en la seguridad y en la externalización de fronteras, que cambiará algunos aspectos clave del control migratorio y la protección internacional en España.
Fue acordado en diciembre de 2023, bajo la presidencia española del Consejo de la UE, y estas son algunas de las novedades que entran en funcionamiento:
Un exhaustivo triaje para las llegadas
El pacto introduce un exhaustivo proceso de triaje común en toda la UE para los nacionales de terceros países que llegan a la frontera sin permiso de entrada.
Esto incluye un reconocimiento médico preliminar, un examen de vulnerabilidades para detectar a víctimas de trata, una labor de identificación, registro de datos biométricos, el cumplimiento de un formulario y la derivación al procedimiento de protección internacional o al de retorno.
Mientras dure el proceso, el migrante no podrá recibir autorización de entrada y deberá permanecer a disposición de las autoridades. Este triaje puede durar hasta 7 días, pero, en el caso de España, se mantiene el plazo actual de 72 horas.
Recogida masiva de datos, también a los niños
Uno de los puntos más criticados es la recogida de datos biométricos, que se amplía significativamente al pasar del mero registro de huellas dactilares a la toma de una fotografía del rostro y digitalización de la documentación, si la hay.
Otra de las novedades que más han encendido las alarmas es que se rebaja la edad de los migrantes a los que se les recaba estos datos: antes era a mayores de 14 años y ahora, a todos los que superen los 6.
El objetivo es compartir esta información con todos los Estados miembros a través de una nueva base de datos que ya no solo será aplicable a solicitantes de asilo, sino que contendrá información de todas las personas llegadas de forma irregular a Europa.
12 semanas para resolver en asilo en frontera
Otras novedades tienen que ver con el asilo, para el que se establecen tres procedimientos: el de frontera, que se resolverá en 12 semanas incluida la revisión judicial si la hay; el examen acelerado, en tres meses, y el examen estándar, de seis.
En cuanto al de frontera, el solicitante no podrá recibir una autorización de entrada mientras se resuelve y deberá permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.
Procedimiento acelerado de 3 meses para algunos casos
El procedimiento acelerado se aplica en ciertos casos, como personas de un país con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de la UE o de un Estado considerado "seguro" por la Unión, como Colombia o Marruecos.
Para el procedimiento general, se acortan los plazos: desde que la persona manifiesta su deseo de pedir protección, en 5 días la petición tiene que estar registrada y en otros 21, formalizada, cuando hasta ahora no había plazos concretos.
Con la entrada en vigor de este pacto, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos de Venezuela.
Se mantiene la red estatal de acogida para migrantes
En cuanto a la red de acogida de los migrantes que llegan de forma irregular a España y los solicitantes de asilo, el Gobierno ha garantizado que mantendrá su capacidad.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición sus centros para el procedimiento fronterizo de protección internacional, con unas 10.000 plazas.
Una solidaridad obligatoria que beneficiará a España
El paquete incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria que con los países que presentan más presión migratoria -que en este momento son España, Italia, Grecia y Chipre-, y que obliga a todos los Estados miembros a colaborar con éstos a través de reubicaciones de migrantes, apoyo operativo o una contribución financiera fijada en 20.000 euros por cada persona que le correspondería acoger.
En el caso de España, la prioridad para el primer ciclo de este pacto -los primeros seis meses- será la de recibir una contribución financiera destinada en gran parte a costear detalles operativos como la formación de jueces que resuelvan estos casos, según dijeron fuentes diplomáticas.
Eso no implica que España no tenga que contribuir al contingente: todos los países deben hacerlo en función de su PIB y su población, y el Gobierno español propuso hace meses aportar 42 millones de euros este año, una suma sobre la que podría pedir más adelante una reducción o exención.
No a los centros de retorno en terceros países
Dentro del margen que da el pacto, España ha sido tajante al rechazar algunas de las medidas más restrictivas hacia las que caminan muchos otros miembros, como la creación de centros de deportación fuera del territorio de la UE, por tener "serias dudas" sobre su "legalidad y proporcionalidad". EFE
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