Colombia arriba a la COP31 con mirada puesta en más financiación y protección de Amazonía
Nicole Andrea Vargas
Bogotá, 9 nov (EFE).- Colombia arriba este lunes a la COP31 de Antalya (Turquía) con la mirada puesta en conseguir mayor financiación para proyectos ambientales ante un posible ajuste fiscal y en medio de una polémica por la protección de la Amazonía.
La cumbre climática, que se celebra del 9 al 20 de noviembre, es la primera para el presidente Abelardo de la Espriella, que encuentra al país suramericano en un escenario de contrastes: el mismo Gobierno que destaca las medidas preventivas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, prevé reducir la financiación medioambiental.
EFE solicitó una entrevista al Ministerio de Ambiente y no obtuvo respuesta. Un comunicado de Cancillería sobre las prioridades del Ejecutivo de cara a la COP 31 hablaba en términos genéricos de la transición justa, la adaptación al calentamiento global, la financiación climática y los mercados de carbono.
La financiación, el gran desafío
El sector ambiental de Colombia tiene un presupuesto de 1,38 billones de pesos (unos 425 millones de dólares) para 2027, de los cuales 692.386 millones de pesos (50 %) se destinarán a 32 proyectos estratégicos, informó en septiembre el Ministerio de Ambiente.
Pese a este anuncio, la financiación genera preocupación en los expertos ante el proyecto de Ley de Rescate Económico propuesto por el Gobierno, que cambia la destinación del impuesto al carbono, una de las principales fuentes que hasta ahora respaldaba iniciativas ambientales.
El director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero, aseguró a EFE que esta reducción, que asciende al 80 %, representa un desbalance importante.
"Habrá un reto enorme con el tema del ajuste fiscal (...) porque la principal fuente de financiación, que era el impuesto del carbono del que se destinaba un porcentaje muy importante para la financiación ambiental, ahora va a ser reducido", advierte Botero.
A su juicio, Colombia debe buscar alianzas en la COP31 para financiar sus estrategias de adaptación, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño.
"Hay un necesidad absoluta de que el país haga sus estrategias de adaptación lo antes posible y busque diferentes fuentes alternativas para poder subsanar ese vacío", enfatizó.
En la misma línea, la exministra de Ambiente Irene Vélez, quien ejerció durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), considera que la financiación internacional atraviesa un momento complejo debido a las dificultades económicas globales.
Aunque reconoce que el sector privado puede desempeñar un papel determinante en la transición energética, asegura que sus inversiones difícilmente cubrirán las necesidades de adaptación y reparación de daños ambientales.
También cuestionó el posible desvío de los recursos del impuesto al carbono, al considerar que puede afectar los proyectos de conservación y restauración de bosques que se financian a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, creado en el Gobierno de Petro.
"Ese fondo se dedica a proyectos de revitalización de la selva, particularmente del departamento del Chocó y de la Amazonía. Desfinanciar la revitalización de la selva es un error estructural", consideró Vélez.
La Amazonía, en el centro de la polémica
Uno de los principales asuntos que marcarán la participación colombiana en la COP31 será la protección de la Amazonía, después de que el actual Gobierno revocara una resolución del mandato anterior que protegía de forma permanente el bioma amazónico contra la explotación de hidrocarburos.
El Ministerio de Ambiente justificó su revocatoria al señalar que la resolución no había culminado la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Vélez, quien impulsó la resolución durante su gestión, cuestionó la decisión y consideró que supone un retroceso en la protección de la Amazonía, que equivale al 42 % del territorio colombiano.
"Es muy importante reclamar por parte de la sociedad civil (...) para que se pueda declarar la Amazonía como una zona libre de extractivismo", apuntó Vélez, quien participa en la COP31 como exautoridad ambiental y espera que este encuentro concluya con una hoja de ruta "bien marcada" en economía energética.
Botero aseguró que el país ha avanzado en la reducción de la deforestación, pero advierte que la continuidad de esta mejora está condicionada por la falta de gobernabilidad y de control territorial en algunas regiones.
Según el director de la FCDS, la presencia y el control de grupos armados ilegales en la Amazonía influyen en el aumento de la deforestación, lo que supone un riesgo para la continuidad de los resultados.
El experto indicó que la COP31 es una oportunidad para fortalecer una alianza con Brasil, que acoge la mayor parte del Amazonas, para impulsar mecanismos regionales de financiación y protección de bosques.
Como ejemplo, Botero mencionó el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (Tropical Forest Forever Facility, en inglés), uno de los principales resultados de la COP30 de Belém (Brasil) que destinó 5.000 millones de dólares para recompensar a los países en vías de desarrollo que protejan sus selvas tropicales. EFE
nav/jpm/seo
(foto)