Crisis de la vivienda eleva la tensión política en Portugal tras los desalojos policiales
Lisboa, 26 oct (EFE).- La crisis de la vivienda en Portugal ha derivado en un conflicto político y policial después del desalojo de los campamentos instalados en Lisboa y Oporto, mientras los manifestantes preparan nuevas movilizaciones para trasladar la presión hasta la Asamblea de la República.
La Policía de Seguridad Pública (PSP) intervino durante la madrugada del domingo para desmontar el campamento levantado en la plaza del Rossio, en el centro de Lisboa, tras una manifestación multitudinaria contra el encarecimiento de la vivienda.
La operación terminó con 25 detenidos en la capital, a los que se sumaron otros seis arrestados durante el desalojo de una acampada en Oporto. La PSP defendió que su actuación fue proporcionada y explicó que los detenidos, acusados de desobediencia, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la Justicia.
Las cifras sobre los heridos, sin embargo, difieren. La Policía informó de siete lesiones leves en las dos ciudades, mientras los organizadores denunciaron que decenas de personas resultaron heridas. Al menos 27 recibieron tratamiento hospitalario en Lisboa, según informaciones difundidas por los medios después de la intervención.
Crece la polémica por la actuación policial
Miles de personas volvieron a concentrarse posteriormente en la capital para protestar contra la actuación policial, que ha abierto un nuevo frente para el Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro.
El presidente del Colegio de Abogados defendió la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras más de 200 profesionales del ámbito judicial firmaron una carta abierta en defensa del derecho de manifestación.
La controversia también llegó a los partidos. El Partido Comunista Portugués advirtió a Montenegro de que no podrá limitar el derecho de protesta, mientras el gobernante Partido Social Demócrata (centroderecha) respaldó la actuación policial y acusó al Partido Socialista de irresponsabilidad e hipocresía.
El Gobierno sostiene que las decisiones operativas correspondieron a la PSP y que las intervenciones tuvieron como finalidad restablecer el orden público. Los movimientos sociales, por su parte, acusan al Ejecutivo de responder con medidas policiales a un problema que consideran consecuencia de la falta de viviendas asequibles y del continuo aumento de los alquileres.
Portugal atraviesa una de las crisis habitacionales más graves de Europa. Los precios de compra se han más que duplicado desde 2017, mientras los alquileres de los nuevos contratos prácticamente se han multiplicado por dos. El Banco de Portugal calcula que el país presenta un déficit cercano a las 300.000 viviendas.
Las protestas se dirigen especialmente contra una reforma promovida por el Ejecutivo que, según sus críticos, facilitaría los desahucios y flexibilizaría los límites aplicables a los nuevos alquileres. Los manifestantes reclaman la retirada de la iniciativa, un mayor control de los precios, más vivienda pública y una protección reforzada frente a los desalojos.
La presión se traslada al Parlamento
Tras las intervenciones policiales, los colectivos convocantes pretenden ahora trasladar la presión política hasta el Parlamento. Está prevista una nueva concentración ante la Asamblea de la República, donde los partidos deberán posicionarse sobre las medidas del Gobierno.
Algunos movimientos portugueses y españoles intentan además coordinar una huelga general ibérica para el 11 de noviembre, con el objetivo de vincular las protestas por la vivienda con las reivindicaciones sobre los salarios, las pensiones y el coste de vida.
La movilización coincide con el inicio de una semana decisiva para el Ejecutivo, marcada por el debate parlamentario del proyecto de Presupuestos del Estado para 2027.
La coincidencia de ambos asuntos aumenta la presión sobre un Gobierno minoritario que necesita apoyos de la oposición para sacar adelante sus principales iniciativas. La vivienda, hasta ahora uno de los mayores problemas sociales del país, se ha convertido así en una prueba política para Montenegro y en un debate sobre los límites de la actuación policial frente a las protestas ciudadanas. EFE
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