Denuncian ante CIDH actos contra independencia judicial en Costa Rica; gobierno lo niega
Ciudad de Panamá/San José, 26 oct (EFE).- Un grupo de organizaciones denunció este lunes durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de acciones del Gobierno de Costa Rica que afectan la independencia judicial, mientras que representantes del Ejecutivo negaron la existencia de una política dirigida a debilitar el Poder Judicial.
En la audiencia, celebrada en Panamá durante el 197 periodo de sesiones de la CIDH, varias organizaciones señalaron la existencia de discursos de estigmatización y desprestigio contra operadores de justicia, el uso del presupuesto como medida de presión, la negativa del oficialismo a nombrar magistrados suplentes de la Sala Constitucional y mensajes públicos que buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
La presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), Adriana Orocú, afirmó que el Gobierno está condicionando a decisiones y aprobaciones políticas del Congreso, mayoritariamente oficialista, el desembolso de una parte del presupuesto del Poder Judicial, basándose en "normas atípicas definidas arbitrariamente y sin sustento técnico".
La audiencia ante la CIDH se enmarca en un contexto de constantes roces entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que comenzaron durante el Gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) y que han continuado en el de Laura Fernández (2026-2030), del mismo partido, quien mantiene a su mentor Chaves como ministro de la Presidencia (Interior) y de Hacienda.
La audiencia ante la CIDH fue solicitada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad y el Programa Jotay.
Las organizaciones recordaron que en 2025 el entonces presidente Chaves encabezó una marcha para exigir la renuncia del fiscal general y que en 2026 la presidenta Fernández calificó como "golpistas" a los magistrados de la Sala Constitucional que prorrogaron los nombramientos de los magistrados suplentes ante la negativa del oficialismo en el Congreso a elegir entre una nómina presentada por la Corte Suprema.
También recordaron unas declaraciones de Chaves tras la victoria electoral de Fernández, en las que celebró que "el pueblo" había "recuperado" el Poder Ejecutivo y el Legislativo y que solo hacía falta el Judicial.
Gobierno niega política contra la independencia judicial
El Ejecutivo costarricense negó la existencia de una política de debilitamiento de la independencia judicial y justificó las acciones presupuestarias debido a que el Gobierno enfrenta una caída del 2,3 % en sus ingresos.
"Costa Rica rechaza firmemente la existencia de una política estatal dirigida a menoscabar la independencia judicial", aseguró el representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y excanciller (2022-2026), Arnoldo André.
El diplomático afirmó que la independencia judicial es un "pilar fundamental" de la democracia costarricense y una "garantía del Estado de derecho", que las críticas son parte del ejercicio democrático, que el Gobierno no ha desacatado órdenes judiciales y que ningún operador de justicia ha sufrido represalias por sus decisiones.
El diplomático hizo un llamado a la CIDH a "examinar con rigor" las "preocupaciones" presentadas en la audiencia.
Sobre el presupuesto, André afirmó que la Constitución Política establece que al Poder Judicial le corresponde el 6 % de los ingresos del Estado y que para el ejercicio 2027 se le están otorgando 6,87 %. EFE
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