Ecologistas de Ecuador denuncian "persecución política" tras multas por cuentas de campaña
Quito, 8 abr (EFE).- El colectivo ecologista ecuatoriano Yasunidos denunció como un acto de "persecución política" una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que impuso multas de 9.000 dólares a dos de sus integrantes por no subsanar observaciones en las cuentas de la campaña del referéndum celebrado en 2023 para desmantelar un bloque de extracción de petróleo en la Amazonía.
Yasunidos, que impulsó el histórico plebiscito en el que la mayoría de los ecuatorianos votó a favor de cesar la explotación petrolera del Bloque 43-ITT, situado en el amazónico Parque Nacional Yasuní, aseguró en un comunicado que la sanción se impuso por una diferencia de 0,39 dólares en la clasificación contable de los gastos de esa campaña.
"Este no es un hecho aislado: es un acto de persecución política contra una organización que impulsó y defendió la consulta popular del Yasuní durante una década", señaló la organización en su pronunciamiento, en el que sostuvo que el fallo, emitido el martes, "no protege el sistema electoral" sino que lo "degrada", al convertir los mecanismos de control en herramientas de intimidación.
Añadió que esta resolución sienta "un gravísimo precedente para la democracia" en Ecuador y anunció que presentará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para que se deje sin efecto el fallo.
La sanción tiene su origen en observaciones formuladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del proceso de rendición de cuentas de la campaña del referéndum.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, presentó ante el TCE una denuncia relacionada con la presunta falta de transparencia en aportes recibidos durante la campaña, que fue desestimada en febrero pasado.
Sin embargo, Atamaint apeló la decisión y un tribunal la aceptó este martes, condenando a dos activistas a pagar 9.000 dólares cada uno.
El núcleo de la controversia gira en torno a 0,39 dólares, que, según ha dicho anteriormente Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, correspondían al recargo bancario aplicado en el pago de una patente municipal de 10,39 dólares, un valor que fue registrado dentro de la casilla de impuestos del informe económico, pero que el CNE sostenía que debía figurar en otra categoría contable. EFE
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