Agencias

El Gobierno de Sudáfrica advierte contra las manifestaciones violentas antiinmigración

El Gobierno de Sudáfrica advierte contra las manifestaciones violentas antiinmigración

Nairobi, 11 oct (EFE).- La ministra de Justicia de Sudáfrica, Mmamoloko Kubayi, advertió este domingo contra la violencia y el caos de las protestas violentas de grupos opuestos a la inmigración irregular, que han sacudido el este y el norte del país desde el pasado jueves y han desembocado en la detención de treinta personas.

"Quienes marchan, quienes desean ejercer su derecho a protestar, por favor háganlo con mesura y dentro de los límites de la ley. No violen los derechos de otras personas", urgió la ministra, quien preside el Comité Interministerial sobre Migración, en una rueda de prensa en la capital, Pretoria.

"No destruyan propiedades. No perturben la vida de los demás. No amenacen a las personas, ya que eso es ilegal", subrayó Kubayi.

Frente a "quejas alegando que las fuerzas del orden de Sudáfrica actúan en contra de los propios sudafricanos", la ministra enfatizó que "no es cierto".

"Ya sea usted sudafricano o extranjero -advirtió-, cuando comete un delito, no podemos negociar al respecto. Un delito es un delito".

La ministra hizo esas declaraciones después de que la Policía informara de que treinta personas fueron detenidas por las protestas contra la inmigración irregular que degeneraron en disturbios desde el pasado el jueves en el este y norte de Sudáfrica.

"De las 30 detenciones, 25 se realizaron en KwaZulu-Natal (provincia oriental) y cinco en Gauteng (provincia septentrional) por delitos que incluyen violencia pública, reuniones ilegales, obstrucción y resistencia a la autoridad", afirmó el Servicio de Policía (SAPS) en un comunicado.

Despliegue del Ejército

La Policía confirmó el despliegue de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF, Ejército) en KwaZulu-Natal como parte de las "intervenciones de estabilización más amplias" realizadas en cooperación con el SAPS.

Los manifestantes rechazan una decisión adoptada el pasado julio por el Tribunal Constitucional que elimina las barreras procesales para solicitar asilo, incluso para aquellas personas que entraron en el país de manera irregular, carecían de visados ​​de tránsito para asilo o no cumplieron con los plazos de presentación.

Aunque el Ministerio del Interior anunció este viernes la retirada de una directiva emitida el pasado 28 de septiembre para aplicar esa sentencia, los manifestantes sostienen que esa decisión no anula el fallo del Constitucional.

El Gobierno admitió este domingo que el Ministerio del Interior necesita más tiempo para prepararse de cara a la implementación del fallo judicial, pues debe debe reforzar sistemas, plantilla y capacidad de tramitación antes de que la sentencia pueda aplicarse plenamente.

La ministra de Justicia señaló este domingo que el Gobierno podría solicitar a los tribunales una "orden de supervisión" para controlar el proceso.

Con todo, Bubayi aseguró que "proseguirán las deportaciones" de indcomentados, pues "la protección se aplica únicamente a las personas que han solicitado formalmente asilo por primera vez".

"Aquellos que se encuentren en el país de forma ilegal y no hayan presentado dicha solicitud -aclaró-, así como aquellos cuyas peticiones hayan sido rechazadas definitivamente -tras cualquier revisión o recurso-, seguirán siendo deportados".

Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países de origen en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales de los respectivos gobiernos. EFE

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