El Gobierno italiano intenta salvar una ley que premia a abogados que repatríen migrantes
Roma, 21 abr (EFE).- El Gobierno de Italia, de la ultraderechista Giorgia Meloni, trata este martes de salvar en el Parlamento un decreto sobre seguridad que, entre otras cosas, introduce incentivos económicos para los abogados que logren repatriar a inmigrantes, una parte criticada por la Jefatura del Estado y asociaciones jurídicas.
La norma fue aprobada el pasado 24 de febrero por el Gobierno en forma de 'decreto ley', al que se recurre en momentos de urgencia pero que obliga a validarlo en el Parlamento en el plazo de 60 días.
Tras su aprobación en el Senado el viernes, ahora la Cámara de los Diputados debate a contrarreloj este martes su tramitación definitiva con el sábado como fecha límite para su aprobación. De superar ese día, el decreto-ley perderá su efecto.
El texto original se titula "Decreto con medidas urgentes en materia de seguridad pública, de actividades de investigación de la autoridad judicial en presencia de causas de justificación, del funcionamiento de las fuerzas de policía y del Ministerio del Interior, así como de inmigración y protección internacional".
Sin embargo, la pasada semana cambió en el Senado con una enmienda que prevé un incentivo económico a los abogados que asisten a los inmigrantes que se acogen a una repatriación voluntaria y que consigan llevarla a cabo.
Esto ha suscitado las dudas del presidente de la República, Sergio Mattarella, encargado constitucionalmente de promulgar las leyes y que en la tarde del lunes exigió cambiar el texto al subsecretario de Meloni, Alfredo Mantovano.
Así, el Gobierno italiano se halla ahora ante un brete, pues no tiene tiempo de modificar la norma para acoger las peticiones del jefe del Estado, experto jurista.
La primera ministra Meloni ha reconocido que "no hay tiempo para corregirlo" y ha avanzado que propondrán otro texto 'ad hoc' que recoja las peticiones del presidente.
"La norma se mantiene porque es de absoluto sentido común", declaró.
La repatriación voluntaria asistida es un instrumento previsto por las políticas migratorias italianas que permite a los ciudadanos extranjeros regresar a sus países recibiendo la asistencia del Estado.
Sin embargo, este incentivo ofrecido a los abogados ha sido criticado por numerosas organizaciones del sector judicial.
La Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI) ha tachado la propuesta de "inaceptable" y "lesiva para la autonomía de la judicatura".
"La vinculación de una retribución no a la actividad realizada por el profesional sino al resultado es un principio ciertamente lesivo", indicó en un comunicado.
Por otro lado, estos incentivos económicos, según el decreto, deberán ser canalizados por el Consejo Nacional Forense (CNF), un organismo institucional que representa a la abogacía italiana.
Pero ese ente ha asegurado que "nadie" les ha consultado y ha exigido que se cambie la norma, alegando que entre sus funciones no consta la de "dar dinero a abogados" ni "hacer de tesorería". EFE
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