El sistema penitenciario se desborda en Marruecos: 10 camas para 15 reclusos
Mar Marín
Rabat, 10 may (EFE).- Por primer vez en más de una década, Marruecos ha reducido su población penitenciaria por debajo de los 100.000 internos, pero la estadística oficial confirma que se mantiene el hacinamiento, con 10 camas para 15 reclusos de media, cientos de muertes bajo custodia y una profunda crisis del sistema.
El último informe de la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR) revela que, al cierre de 2025, las cárceles marroquíes albergaban 99.366 presos, un 5,45 % menos que el año anterior, con una tasa de unos 280 reclusos por cada 100.000 habitantes, más del doble de la media europea.
Las cifras no responden a una caída de los delitos sino a indultos reales masivos -unos 24.000 beneficiados durante el pasado año- y a una ley de penas alternativas que permite permutar la prisión por multas y que, según organizaciones civiles, favorece a quienes pueden pagar por su libertad.
Dormir en el suelo
El informe, publicado esta semana, dibuja un sistema penitenciario desbordado. La tasa de ocupación en las prisiones alcanza el 153 % de media, es decir unas 10 camas por cada 15 reclusos, aunque organismos de Derechos Humanos denuncian situaciones extremas, como ocurre en la cárcel de Aïn Sebaâ de Casablanca, donde llega al 300 % -celdas diseñadas para 10 personas albergan 30 internos-.
Un recluso en Marruecos dispone de apenas 1,8 metros cuadrados, menos de la mitad del mínimo exigido por los estándares internacionales.
El hacinamiento obliga a los internos a dormir en el suelo, en los pasillos entre las camas o turnarse en las literas, denuncia un informe de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) publicado este mes.
El perfil medio del interno responde a un joven menor de 30 años (45 % de los casos), con solo un 2,47 % de mujeres, y en su mayoría con estudios al menos de educación primaria.
El abuso de la prisión preventiva, que afecta a un 37 % de la población reclusa, es uno de los motivos que, según organizaciones civiles, alimentan el problema y se utiliza como una "pena anticipada".
Crece la violencia
El colapso favorece la conflictividad en las cárceles donde, según el informe de la DGAPR, los incidentes de autolesiones y violencia crecieron un 15 % y se registraron 266 muertes bajo custodia -entre ellas once mujeres-, y 1.547 huelgas de hambre, más de un centenar superiores a un mes.
Además, se contabilizaron 7.388 denuncias presentadas por reclusos, casi la mitad relacionadas con la deficiente atención medica.
Una de las mayores carencias es la atención a la salud mental: Apenas 57 psicólogos para 74 prisiones, lo que equivale a un profesional por cada 1.743 internos, y un psiquiatra por cada 6.500 presos.
El informe también reconoce un episodio especialmente grave ocurrido en marzo de 2025, cuando una interrupción nacional del suministro de metadona paralizó durante semanas los tratamientos para internos con dependencia a opiáceos.
El precio de la libertad
Una de las grandes apuestas del Gobierno marroquí para aliviar la situación es la ley sobre penas alternativas que entró en vigor el pasado año y que, según el informe, se ha aplicado ya a cerca de 1.400 sentencias que sustituyen las condenas para delitos menores por trabajos comunitarios, multas diarias, restricciones de movilidad o vigilancia electrónica.
Más de 600 personas evitaron entrar en prisión gracias a esta reforma, pero las organizaciones civiles denuncian que está creando un sesgo de clase.
Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la posibilidad de sustituir la cárcel por multas de entre 100 y 2.000 dirhams (de 10 y 200 euros) beneficia principalmente a los condenados con recursos económicos mientras los sectores más vulnerables llenan las prisiones.
Para las organizaciones civiles, el descenso por debajo de los 100.000 reclusos representa apenas "un alivio coyuntural" y un "espejismo estadístico", insuficiente para transformar un sistema desbordado.
El propio Director General para la Administración Penitenciaria y la Reintegración, Mohamed Salah Tamek, admite que el informe confirma "la magnitud de los retos pendientes y las exigencias que conllevan en términos de recursos y medios".EFE
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