Falta de voluntad política frena el cumplimiento de sentencias de la CorteIDH en Honduras
Tegucigalpa, 17 nov (EFE).- La falta de voluntad política y la fragmentación institucional obstaculizan el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra Honduras, advirtió este martes la Mesa de Seguimiento de esos fallos, que pidió garantizar la continuidad de los procesos cuando se produce un cambio de Gobierno.
Durante el foro 'Honduras frente a sus obligaciones internacionales: contexto y desafíos en derechos humanos', celebrado en Tegucigalpa, representantes de la Mesa advirtieron que, aunque el país acumula 20 condenas ante la CorteIDH, la falta de mecanismos efectivos impide traducir el diálogo con las víctimas en reparaciones integrales y garantías de no repetición.
En el evento se recordó que, de los 20 casos por los que Honduras ha sido condenada por la CorteIDH, 18 continúan en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.
El coordinador jurídico para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Lucas Mantelli, alertó sobre el riesgo de que el cambio de autoridades interrumpa los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
"Uno de los desafíos que enfrenta el Gobierno hondureño es evitar que la transición de cambio de Gobierno sea una suspensión en el avance de esos cumplimientos específicos", señaló a EFE Mantelli, quien además abogó por la continuidad institucional al margen de las diferencias políticas.
El representante de Cejil, que integra la Mesa de Seguimiento, indicó que, aunque existen espacios de diálogo entre el Estado y las organizaciones que representan a las víctimas, persisten dificultades para convertir esos acercamientos en resultados concretos y garantizar "una reparación integral".
Fragmentación institucional
Mery Agurcia, representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo a EFE que el Estado actúa de "forma fragmentada" y carece de coordinación entre los distintos poderes públicos para cumplir las sentencias.
"El Estado no tiene voluntad política de cumplir (las sentencias) porque tiene más compromisos con otras estructuras", afirmó Agurcia, tras criticar que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial se desentiendan de los fallos alegando falta de competencia, mientras el Ejecutivo carece de capacidad para impulsar reformas legales que garanticen "la no repetición".
Entre las sentencias contra Honduras figuran las relacionadas con las violaciones de los derechos territoriales de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, ambas emitidas en 2015 y referidas a comunidades asentadas en el Caribe hondureño.
La activista reconoció avances en el pago de indemnizaciones y en la celebración de actos de reconocimiento público, pero señaló que persisten deudas estructurales, como la reforma del sistema penitenciario y el saneamiento territorial de los pueblos garífunas.
Esta comunidad afrodescendiente llegó a Honduras en 1797 procedente de San Vicente y se asentó principalmente en la costa caribeña, donde sus integrantes reclaman el respeto a sus tierras ancestrales, sus derechos y mejores condiciones de vida.
Por su parte, el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) James Cavallaro dijo a EFE que desatender el derecho internacional deteriora la imagen exterior.
"Es importante que Honduras se quede del lado de los Estados que quieran vivir en un mundo con normas", sostuvo Cavallaro, quien precisó que el principal costo del incumplimiento sería "el rechazo del pueblo hondureño, que merece ser respetado". EFE
ac/gr/mt/gpv
(foto)(video)