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Francia creará "lista negra" de personal escolar con conductas inapropiadas con los niños

Francia creará

París, 27 may (EFE).- Francia creará una "lista negra" para impedir que personal escolar apartado por conductas inapropiadas con menores pueda volver a trabajar en centros educativos, incluso aunque no haya sido condenado judicialmente, anunció este miércoles el ministro de Educación, Édouard Geffray.

La medida forma parte del proyecto de ley de protección de la infancia presentado en Consejo de Ministros también por el titular de Justicia, Gérald Darmanin, y la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, con el objetivo de "reforzar" y "harmonizar" el control de antecedentes judiciales en todos los sectores, desde las guarderías hasta las escuelas pasando por el sector sanitario.

"Cuando apartemos a un funcionario público, un vigilante u otro trabajador por su comportamiento con menores, aunque no haya sido condenado, quedará inscrito en una lista que impedirá cualquier recontratación en el ámbito escolar", explicó Geffray en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros de hoy.

Según precisó, estas personas tampoco podrán presentarse a oposiciones para convertirse en docentes.

El texto prevé reforzar los controles sobre todos los profesionales que trabajan con niños, en un momento en que se ha intensificado en Francia el debate sobre los abusos a menores en ambientes escolares o en actividades extraescolares.

Hasta ahora, las verificaciones de antecedentes penales y de registros de delitos sexuales o terrorismo se realizaban únicamente en el momento de la contratación. Con la nueva normativa, el control será permanente mediante un sistema de revisión periódica.

Las autoridades también impondrán comprobaciones obligatorias a los colaboradores externos, tanto asociativos como profesionales, que intervengan de forma puntual en escuelas y actividades extraescolares. Para ello deberán presentar un certificado de idoneidad antes de cualquier contacto con alumnos.

Asimismo, se compartirán los archivos del Ministerio de Educación y del área de Juventud y Deportes para evitar que personas sancionadas en una institución puedan ser contratadas en otra.

"El objetivo es asegurar todo el entorno escolar y extraescolar", explicó Geffray.

El anuncio llega en medio de un intenso debate en Francia sobre la protección de menores, tras el juicio en curso en París contra un animador escolar acusado de agresiones sexuales a niños de una guardería parisina.

La fiscalía solicitó la víspera una pena contra él de tres años de prisión, uno de ellos firme bajo vigilancia electrónica, una petición considerada demasiado leve por las familias de las víctimas.

Por su parte, el ministro de Justicia evitó comentar el caso concreto, pero reclamó una mayor severidad judicial frente a este tipo de delitos.

"No escuchamos suficientemente la palabra de los niños", afirmó Darmanin, quien aseguró que el "#MeToo de la infancia", en su opinión, "apenas está comenzando".

El titular de Justicia defendió además una reforma profunda del tratamiento penal de las violencias contra menores para situar a las víctimas "en el centro del proceso" y garantizar sanciones "a la altura de la gravedad" de estos crímenes.

Reformas en sistemas de acogida

El proyecto de ley sobre protección de la infancia reforma también el sistema de acogida judicial de menores al reafirmar el carácter temporal de las medidas de internamiento, aunque contempla igualmente la posibilidad de prolongar la tutela hasta la mayoría de edad para menores de más de 13 años cuando así lo requiera su interés y se garantice una mayor estabilidad.

La iniciativa busca además priorizar los modelos de acogida familiar. Para ello, obliga a evaluar en un plazo máximo de tres meses la posibilidad de confiar el menor a un familiar o a una persona de confianza, incluso en casos de urgencia.

El proyecto acelera igualmente los procedimientos de abandono parental cuando el regreso con los padres no sea posible, fomenta la adopción simple y permite el acogimiento con vistas a una adopción bajo supervisión judicial.EFE

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