Gobernador de Sinaloa ingresa a la lista de EEUU de políticos señalados por narcotráfico
Ciudad de México, 1 may (EFE).- La investigación de la justicia estadounidense al gobernador de Sinaloa (oeste), Rubén Rocha Moya, por su presunta vinculación con el Cartel de Sinaloa no es algo nuevo y ajeno a la política mexicana, pues otros altos funcionarios han sido señalados formalmente en Washington por narcotráfico e incluso algunos fueron condenados a penas de prisión.
El reciente señalamiento de EE.UU. contra el gobernador oficialista sinaloense, a quien acusan de formar parte de una conspiración para permitir el trasiego de enormes cantidades de droga y aceptar sobornos del crimen organizado, se suma a otras investigaciones o acusaciones similares a otros políticos mexicanos de alto nivel.
A continuación, un repaso de los casos más relevantes:
1. Mario Villanueva Madrid
Exgobernador del estado de Quintana Roo (este) del año 1993 a 1999, fue investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) por su relación con el Cartel de Juárez, razón por la cual fue extraditado a Estados Unidos en 2010 para ser juzgado por lavado de dinero en una corte federal.
Antes de este juicio, Villanueva Madrid estuvo preso en México y en Nueva York, y fue condenado a 131 meses de cárcel por conspirar para blanquear millones de dólares en pagos de sobornos del narcotráfico.
2. Tomás Yarrington
Investigado por la DEA durante años, Yarrington fue gobernador del estado de Tamaulipas (noreste) durante cinco años (1999- 2004) como miembro del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Bajo custodia de Estados Unidos desde 2018 y tras su detención en Italia, hace cinco años se declaró culpable de aceptar sobornos como gobernador, aunque se desestimaron los cargos por narcotráfico luego de llegar a un acuerdo. Hoy permanece preso en México por delitos contra la salud en favor del crimen organizado.
3. Roberto Sandoval
Exgobernador del estado de Nayarit (occidente) entre 2011 y 2018, actualmente se encuentra en prisión en México y, durante la primera Administración del presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), fue acusado de recibir sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de protección e información.
Por estas imputaciones, Estados Unidos le prohibió ingresar al país y el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista negra por vínculos con los carteles mexicanos.
4. Salvador Cienfuegos
Militar de carrera y secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Fiscalía estadounidense lo acusó de producción, tráfico y distribución de una tonelada de marihuana mientras formaba parte del Ejecutivo mexicano.
Nunca fue juzgado porque, en 2020, los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo con el que se le retiraron los cargos para que Cienfuegos fuera trasladado e investigado en su país. Al día de hoy está en libertad por falta de pruebas.
5. Genaro García Luna
Fue el caso más relevante en este contexto, tras haber sido secretario federal de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y el político mexicano de mayor rango condenado en EE.UU. por vínculos con el crimen organizado.
El antiguo encargado de la seguridad pública de su país fue condenado en 2024 a 38 años de cárcel en Estados Unidos, por colaborar con el Cartel de Sinaloa. Al leer la sentencia, el juez lo acusó de estar en una "empresa criminal" y de tener una "manera de pensar muy similar" a la del capo narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
6. Rubén Rocha Moya
Por último, el caso más reciente se develó esta semana y afecta al gobernador de Sinaloa, cargo que Rocha Moya desempeña desde 2021, y a otros nueve altos cargos del estado, a quienes se les acusa presuntamente de colaborar con la facción de Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa, para el tráfico de grandes cantidades de droga a EE.UU.
Los acusados negaron categóricamente estos hechos, en un caso que ha provocado un sismo político en México y ha vuelto a abrir el debate de la relación entre el narcotráfico y funcionarios públicos. EFE
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