Hong Kong acusa a nueve responsables de 25 delitos por el letal incendio de Wang Fuk Court
Hong Kong, 10 jun (EFE).- Las autoridades hongkonesas acusaron este miércoles a siete personas y dos empresas de 25 delitos relacionados con el incendio del complejo residencial Wang Fuk Court, el peor siniestro registrado en un edificio de viviendas en décadas, que dejó 168 muertos, miles de desplazados y destapó una cadena de fallos institucionales.
Tras meses de pesquisas conjuntas de la Policía y la Comisión Independiente Contra la Corrupción, los cargos presentados incluyen homicidio involuntario, conspiración para defraudar, blanqueo de capitales, evasión fiscal y obstrucción a la justicia.
Los imputados son directivos e inspectores de la consultora supervisora de las obras, altos ejecutivos de la contratista principal y ambas entidades jurídicas.
El fuego se originó el pasado 26 de noviembre en una de las torres del complejo, al prenderse unas cajas de cartón en una plataforma exterior.
En apenas 15 minutos, las llamas alcanzaron el inmueble contiguo a través de redes de andamiaje no ignífugas.
Poco más de una hora después, ardían siete de los ocho bloques de 31 plantas que conforman la urbanización, hogar de 4.600 vecinos.
A raíz del desastre, el Ejecutivo constituyó un comité independiente para esclarecer el suceso. Sus audiencias han constatado múltiples negligencias operativas, como que las alarmas estaban apagadas para facilitar la reforma, las mangueras permanecían inutilizadas y faltaban ventanales en las vías de evacuación, acelerando la propagación letal del humo.
Además, los tableros de poliestireno expandido instalados en la fachada actuaron como canalizadores de la combustión hacia los pisos.
El director de los servicios de extinción, Andy Yeung, reconoció ante un panel investigador que el uso de dicho recubrimiento carecía de normativa, un escenario que definió como "vacío legal".
Las quejas ciudadanas previas sobre estos materiales fueron desoídas tanto por los bomberos como por la Oficina de Vivienda.
La vulnerabilidad del recinto empeoró a causa de un chivatazo gubernamental que alertó al consultor sobre una inminente visita oficial, permitiendo a los procesados colocar protecciones homologadas solo en las áreas que iban a ser revisadas, dejando el resto desprotegido.
Previamente, el Departamento de Trabajo había completado 17 inspecciones por denuncias de obreros fumando, sin reportar ninguna evidencia.
Durante las labores de salvamento, el caos de coordinación lastró el rescate. Las únicas 30 líneas telefónicas de emergencias colapsaron de inmediato, obligando a la Policía a derivar peticiones de auxilio mediante fax.
El colapso de Wang Fuk Court marcó un punto de inflexión en la gestión urbanística de la metrópoli.
A raíz del siniestro, el Gobierno ordenó una auditoría de emergencia en todas las obras activas del territorio, escrutando los andamiajes, la toxicidad de los recubrimientos y la operatividad de las vías de escape durante las rehabilitaciones.
La crisis expuso la urgencia de repensar la seguridad estructural en una urbe hiperdensa, lastrada por el rápido envejecimiento de su parque inmobiliario y por las lagunas en la supervisión técnica de las reformas de gran altura.
El ente encargado de la investigación prevé emitir su dictamen definitivo en septiembre, tras escrutar más de un millón de pruebas materiales, incluyendo fotografías, grabaciones de socorro y mensajes de WhatsApp. EFE
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