HRW pide a Ecuador proteger a funcionarios judiciales tras el asesinato de una fiscal
Quito, 16 jun (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este martes al Gobierno de Ecuador adoptar "medidas urgentes" para proteger a jueces y fiscales, después del asesinato el pasado domingo de la fiscal Alexandra Bravo en la ciudad costera de Manta, y reclamó una investigación "rápida, creíble e imparcial" sobre el crimen.
El organismo de derechos humanos señaló en un comunicado que Bravo, asesinada junto a su hermana, es la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022.
La fiscal llevaba casos relacionados con homicidios, secuestros y crimen organizado en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la actividad criminal que azota al país en los últimos años.
"El asesinato de la fiscal Bravo es una tragedia, pero lamentablemente no es un hecho aislado en Ecuador", afirmó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien sostuvo que el Gobierno del presidente Daniel Noboa debe "dejar de tratar al sistema de justicia como un asunto secundario" y proporcionar a sus funcionarios "la protección y los recursos que necesitan con urgencia".
HRW recordó que otros dos funcionarios de la Fiscalía fueron asesinados en mayo de este año y citó datos del Observatorio de Derechos y Justicia ecuatoriano que señalan que al menos 26 jueces, fiscales y otros trabajadores del sistema judicial han sido asesinados en Ecuador desde 2020.
"Los jueces y fiscales en Ecuador suelen carecer de las herramientas y medidas de seguridad más básicas necesarias para investigar a los grupos del crimen organizado", señaló la organización, que urgió al Gobierno a "implementar un sistema integral de evaluación de riesgos", proporcionar protección efectiva a los funcionarios amenazados y cubrir las más de mil vacantes existentes entre jueces y fiscales.
"Es poco probable que Ecuador logre poner fin a su espiral de violencia si no adopta medidas urgentes para proteger a los mismos funcionarios que investigan a los grupos criminales", añadió Goebertus.
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, que han sido denominadas como "terroristas" y a quienes se les atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.
Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. EFE
af/cbs/eav