Italia corrige el polémico pago a abogados por conseguir repatriar migrantes
Roma, 24 abr (EFE).- El Gobierno italiano, encabezado por la ultraderechista Giorgia Meloni, modificó este viernes su reciente normativa de seguridad para corregir el polémico "pago por resultado" en las repatriaciones de inmigrantes, una medida que otorgaba una remuneración a los abogados de migrantes que conseguían la salida del país de estos.
La corrección, aprobada este viernes en Consejo de Ministros, responde a las exigencias del presidente de la República, Sergio Mattarella, y a las duras críticas de colectivos jurídicos que denunciaron que supeditar el cobro a la salida efectiva del extranjero vulneraba la ética profesional.
El nuevo decreto ley reforma el reciente decreto de seguridad que hace apenas dos días fue validada en la Cámara de Diputados mediante una cuestión de confianza, con 203 votos a favor y 117 en contra y 3 abstenciones.
Aquella versión original contenía una enmienda que estipulaba un pago de unos 615 euros a los asistentes de migrantes, pero supeditada a que estos consiguieran la salida del país a través de los programas de Retorno Voluntario Asistido (RVA).
Asociaciones de juristas y el propio Palacio del Quirinal advirtieron de que condicionar la retribución al resultado final (la salida del migrante) podría rozar la inconstitucionalidad y vulnerar la ética profesional.
Ante el riesgo de que bloqueasen la ley por inconstitucionalidad, el Ejecutivo optó por una maniobra técnica: mantener el texto original para asegurar su convalidación parlamentaria antes de que expirase el plazo de 60 días, mientras aprobaba simultáneamente este nuevo texto corrector 'ad hoc'.
A partir de ahora, según la resolución del Consejo de Ministros, "se supedita el pago de la remuneración a la conclusión del procedimiento administrativo y ya no al resultado efectivo de la salida del migrante".
Además de desvincular el cobro del éxito de la repatriación, la nueva norma pone fin al monopolio de los abogados en estos procesos y permite que otros representantes y mediadores realicen el acompañamiento y perciban la compensación.
El Ministerio del Interior será el encargado de definir, mediante un futuro decreto, los criterios para identificar a estos nuevos representantes autorizados y establecer la forma de pago.
También suprime las referencias al Consejo Nacional Forense (CNF) como entidad colaboradora en la ejecución de estos programas y como órgano encargado de distribuir los honorarios. EFE
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