Japón castiga el ultraje a la bandera entre críticas por amenaza a la libre expresión
Paula Gracia
Tokio, 13 ago (EFE).- La ley que criminaliza la profanación de la bandera de Japón entró en vigor este jueves, una norma que protege un símbolo aún polémico por su pasado militarista y que ha desatado numerosas críticas, llegando incluso a ser calificada de una condena a muerte para la libertad de expresión.
La ley establece multas de hasta 200.000 yenes (unos 1.080 euros) o penas de cárcel de hasta dos años para quienes "dañen, retiren o profanen públicamente la bandera nacional", de tal forma que provoquen en otras personas "un notable sentimiento de incomodidad o repugnancia".
Esta medida "podría marcar el inicio de una nueva era en la que el Gobierno utilice la ley para reprimir a disidentes y críticos de toda índole, silenciando así a la sociedad civil", apunta a EFE el profesor en Ciencia Política de la Universidad de Sofía de Tokio, Koichi Nakano.
"Supondría la muerte de la libertad de expresión en Japón", advierte.
Impulso pese a división social
Este impulso conservador por proteger la bandera japonesa llega después de que sectores de la coalición gobernante argumentaran una asimetría ante la existencia de castigos por la profanación de enseñas extranjeras, mientras que los daños a la nipona se resolvían mediante tipos penales ordinarios como la alteración del orden público.
El 'Hinomaru', pabellón japonés que consiste en un rectángulo blanco con un gran disco rojo, se vinculó durante la Segunda Guerra Mundial con el militarismo y el nacionalismo bélico japonés. No se adoptó como símbolo oficial en el archipiélago hasta 1999, aunque ya funcionaba como un emblema 'de facto'.
Esta bandera, vista negativamente por los países vecinos que sufrieron la ocupación japonesa, vio restringida su exhibición pública por las autoridades de ocupación aliadas, tras la guerra.
En el contexto del Japón actual, determinado por el principio pacifista consagrado en la Constitución y por el que renuncia a la guerra, las opiniones sobre el 'Hinomaru' están divididas: su asociación con el militarismo provoca controversias, mientras que otros lo ven como un símbolo de unidad nacional.
Coacción y castigo
Tras la aprobación de dicha ley el pasado julio, 200 expertos exigieron en un comunicado conjunto su derogación inmediata al considerar que debe ser declarada inconstitucional por los tribunales, ante el riesgo de que vulnere el derecho a la libertad de expresión.
La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Arte de Musashino, Yoko Shida, subraya a EFE que las leyes que regulan la libertad de expresión requieren una redacción especialmente clara con el fin de evitar un efecto intimidatorio en los ciudadanos o, incluso, arrestos arbitrarios.
Respecto a la postura de la primera ministra, Sanae Takaichi, de que esta medida era un "deseo largamente anhelado", la profesora sostiene que estos factores emocionales son "irrelevantes" a la hora de determinar si puede promulgarse sin violar la Constitución.
"El deseo de quienes ostentan el poder de fomentar el patriotismo entre los ciudadanos debería lograrse mediante una buena gestión publica, no mediante la coacción y el castigo", sostiene.
El 'Mainichi Shimbun', uno de los principales periódicos nacionales, se unió a las críticas a la legislación al afirmar en un editorial que Japón "no necesita una ley contra la profanación de la bandera que fomente un clima opresivo".
Estrategia para evitar escrutinio
Por su parte, Nakano califica de "detestable" la estrategia de tramitar esta ley como una iniciativa parlamentaria presentada por legisladores a título individual y no como un proyecto de ley impulsado por el gabinete de Takaichi.
De este modo, el proyecto de ley no fue examinado por el organismo "guardián" del Gabinete encargado de velar por la coherencia jurídica de las leyes.
Ni el Ejecutivo ni la propia Takaichi tuvieron que someterse al escrutinio parlamentario durante el proceso legislativo, recrimina el experto.
El profesor de la Universidad de Sofía espera que, si la ley llega a aplicarse, se presenten demandas judiciales y considera que "es muy posible" que el tribunal la declare inconstitucional. Sin embargo, enfatiza, en ese escenario, gran parte de la decisión dependerá del contexto político que rodee al litigio.
En la misma línea se pronuncia Shida, que añade que el tribunal podría declarar la ley inconstitucional y nula, si se aplica un razonamiento jurídico "sólido".
"Considero inevitable que la corte emita un pronunciamiento sobre su constitucionalidad", concluye. EFE
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