Justicia especial imputa a exmandos de las FARC por crímenes contra pueblos indígenas
Bogotá, 13 oct (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia atribuyó responsabilidad a diez antiguos mandos de la extinta guerrilla de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía cometidos entre 1996 y 2016.
Entre los imputados están tres integrantes de su último Secretariado: Milton de Jesús Toncel Arredondo, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido como El Médico, y Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, todos ellos comandantes.
"La violencia no solo dejó muertos, desaparecidos y desplazados. También desarraigó a los pueblos indígenas de su territorio, 'enfermó' sus lugares sagrados, rompió su equilibrio espiritual y puso en riesgo su supervivencia", señaló la JEP.
La decisión, adoptada el 12 de octubre por la Sala de Reconocimiento de Verdad y dada a conocer este martes, incluye los delitos de exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución, además de crímenes de guerra relacionados con homicidios, desplazamientos forzados, uso de minas antipersonal y daños al medioambiente.
Según la JEP, los hechos afectaron a los pueblos Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw, cuyo universo poblacional conjunto asciende a 10.073 personas y la investigación documentó 1.134 victimizaciones: 598 atribuidas al Bloque Sur y 536 al Bloque Oriental de las antiguas FARC.
Dos patrones de violencia
La JEP identificó dos patrones de macrocriminalidad, el primero corresponde a los ataques contra la autonomía, la cultura y el gobierno propio de las comunidades para ejercer control social y territorial.
Según la investigación, las FARC atacaron a autoridades tradicionales, líderes, docentes, médicos ancestrales y otros integrantes indígenas que consideraban contrarios a sus intereses o señalaban de colaborar con grupos enemigos.
Uno de los episodios documentados ocurrió el 25 de julio de 1997 en el resguardo de San Luis, en el municipio de Milán, departamento de Caquetá (sur), donde integrantes de los frentes 15 y 49 separaron a los miembros de la comunidad siguiendo una lista y asesinaron a siete autoridades, líderes y comuneros, entre ellos el cacique Reimundo Figueroa y dos docentes.
El segundo patrón comprende crímenes cometidos en el contexto de las hostilidades, como el uso de minas antipersonas y ataques que causaron daños ambientales.
La investigación documentó la muerte de María Eloísa Yaiguaje Payaguaje, sabedora ancestral del pueblo Siona, quien falleció en diciembre de 2012 al pisar una mina.
La JEP atribuyó a los diez comparecientes, que no habían sido juzgados por la Justicia ordinaria, responsabilidad como coautores mediatos a través de aparatos organizados de poder y, en algunos casos, responsabilidad de mando por torturas, al considerar que no ejercieron control efectivo sobre sus subordinados ni previnieron o sancionaron los crímenes. EFE
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