Kast promulga primera ley de su agenda de seguridad y que amplía la flagrancia de delitos
Santiago de Chile, 6 oct (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, promulgó este martes una ley que amplía el plazo de flagrancia de delitos, la primera iniciativa de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) despachada por el Congreso que modifica el Código Procesal Penal.
La ley extiende de 12 a 24 horas el plazo máximo dentro del cual una situación puede considerarse flagrancia para Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y hasta 48 horas para la Autoridad Marítima, a fin de otorgar más tiempo y mejores herramientas para actuar durante las primeras horas tras la comisión de un delito.
"Este es un paso adicional para un Chile más seguro que va enmarcado dentro de lo que es la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo", dijo Kast desde el Palacio de la Moneda (sede de Gobierno).
La Constitución chilena permite detener sin orden judicial a quien es sorprendido en delito flagrante, y el artículo 130 del Código Procesal Penal define cuándo existe flagrancia y, hasta antes de esta iniciativa, la detención solo procedía si no había transcurrido más de 12 horas desde los hechos.
El mandatario chileno aseguró que esta iniciativa legal promueve un país "donde cada institución pueda cumplir mejor con el rol que le asigna la ley, donde las policías tendrán más herramientas para hacer frente a la delincuencia con todo el respaldo del Estado".
Además de los plazos, el nuevo texto permitirá a las policías requerir, sin instrucción previa de un fiscal, la entrega voluntaria de registros como imágenes o información de localización de responsables del hecho.
Con la promulgación se reconoce a la Autoridad Marítima en sus funciones policiales, con lo cual podrá realizar actuaciones autónomas y controles de identificación en el mar territorial y aguas interiores; así como también se perfecciona la facultad del fiscal nacional para impartir instrucciones.
"La única modificación que hay que hacer en Chile es mejorar las condiciones para que nuestras policías, nuestros fiscales, nuestros jueces puedan combatir el crimen organizado y el terrorismo", afirmó Kast.
El Gobierno puso en marcha, en agosto pasado, una ofensiva que contempló una polémica reforma de seguridad enviada al Congreso, que contiene la creación de un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Parlamento, la cual produjo un rechazo transversal que llevó a Kast a abrirse a replantear los términos del texto para llegar a un consenso.
En total, ocho fueron las modificaciones a la Carta Fundamental chilena presentadas en el marco de la llamada Agenda ACOT, además de un paquete de 19 iniciativas legales que se están tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas, dentro de las cuales estuvo la de flagrancia ahora promulgada.
"Tengamos la urgencia necesaria para poder aprobar esas leyes pensando siempre en un Chile más seguro", añadió.
Chile, a diferencia de vecinos como Bolivia o Perú, no es un productor de droga, sino un país de destino y una plataforma de distribución a Asia, Europa y Estados Unidos gracias a sus numerosos puertos.
Durante los últimos años el crimen organizado se ha asentado en Chile a través de diversos negocios ilegales, y se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo. EFE
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