La Corte Internacional de Justicia cumple 80 años compitiendo con la geopolítica
Imane Rachidi
La Haya, 16 abr (EFE).- Ocho décadas después de su primera sesión en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, cumple años bajo un doble relato: el de su consolidación como árbitro jurídico y el de un sistema internacional cada vez más tensionado, donde el derecho compite con la geopolítica.
El aniversario será conmemorado el viernes por la tarde con una sesión solemne a la que asistirán el secretario general de la ONU, António Guterres, y el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, en un gesto que busca subrayar la importancia de la institución 80 años después de su nacimiento y precisamente en un contexto de crecientes tensiones internacionales.
Creada en 1945 y en funcionamiento desde 1946, la CIJ nació con el objetivo de resolver de forma pacífica las disputas entre países y emitir opiniones jurídicas solicitadas por la comunidad internacional para aclarar la aplicación del derecho.
Integrada por 15 jueces y con sede en el Palacio de La Paz, en La Haya, su papel sigue siendo, sobre el papel, central en el orden internacional basado en normas.
Aumento de trabajo
El 80.º aniversario llega en un contexto marcado por varios conflictos armados abiertos y en un momento en el que la CIJ tiene una carga de la actividad judicial sin precedentes, con un aumento sostenido de casos en los últimos años, según datos facilitados a EFE por la Corte.
Desde 1946, el tribunal ha registrado 170 litigios y 31 procedimientos consultivos, pero casi la mitad de los casos se han presentado en los últimos 25 años, con una media anual que se ha duplicado en el periodo 2021-2025 respecto a décadas anteriores.
El 22 % de los casos corresponden a países de América Latina y el Caribe.
También han aumentado las solicitudes de emisión de medidas cautelares -incluido contra Rusia por su invasión de Ucrania- y las peticiones de intervención de terceros países en casos concretos, como en el iniciado por Sudáfrica en 2023 contra Israel por presunto genocidio en Gaza, lo que refleja una participación cada vez mayor de los países en litigios de alcance global.
Actualmente, 72 países participan en casos pendientes ante la CIJ.
Solo en 2025, la CIJ recibió cinco nuevos casos, dictó una sentencia sobre el fondo de un caso, emitió dos opiniones consultivas y adoptó órdenes sobre medidas cautelares, incluidas varias instando a Israel a evitar un genocidio con sus operaciones militares en Gaza.
La Corte también ha ampliado su ámbito de actuación a cuestiones globales como el cambio climático, sobre el que ha aclarado el año pasado que los países tienen obligaciones legales de prevenir daños ambientales.
Alrededor de un tercio de los casos en curso están relacionados con presuntas violaciones de derechos humanos, incluidos procesos por genocidio, discriminación racial o tortura.
Sin embargo, conflictos como los de Ucrania, Palestina, Birmania, Azerbaiyán o Sudán han puesto a prueba su capacidad para dar respuestas efectivas a violaciones graves del derecho internacional: en algunos casos, las partes han ignorado sus decisiones, alimentando la percepción de una creciente impunidad, especialmente cuando están implicadas grandes potencias.
Entre la ley y el poder
Desde su creación, la CIJ ha operado bajo una limitación técnica: carece de mecanismos propios para hacer cumplir sus decisiones.
Aunque sus fallos son jurídicamente vinculantes, su cumplimiento depende de la voluntad de los Estados y, en última instancia, del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el derecho de veto de las grandes potencias puede bloquear cualquier medida coercitiva.
Este diseño, heredado del orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial, condiciona la eficacia de sus decisiones.
Esto es lo que ha permitido que muchos Estados hayan ignorado decisiones cuando les eran desfavorables o han retirado su aceptación de la jurisdicción obligatoria tras sentencias condenatorios, evidenciando los límites del sistema y la dificultad de imponer consecuencias por ello.
A pesar de la independencia de sus magistrados, que basan sus decisiones en convenios, tratados, leyes y jurisprudencia internacional, la actividad de la CIJ no es ajena al contexto político global en el que opera, y en muchas sesiones públicas se han escuchado odas más políticas que legales de agentes de países participantes.
Con todo, sus resoluciones siguen contribuyendo a interpretar y desarrollar el derecho internacional y, en algunos casos, han servido como base para acuerdos negociados o como elemento de presión diplomática.
Más de la mitad de los países miembros de la ONU han sido o tomado parte de algún procedimiento abierto ante la CIJ a lo largo de su historia. EFE
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