La CPI culmina ocho años de investigaciones a Duterte y su "guerra contra las drogas"
(Corrige el último párrafo)
Madrid, 22 abr (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este miércoles que es competente para juzgar al expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte, quien había presentado un recurso contra la jurisdicción del tribunal internacional en su caso, en el que está acusado de crímenes de lesa humanidad.
Las acusaciones que pesan sobre Duterte, relacionadas con los asesinatos cometidos durante su "campaña contra las drogas", entre 2011 y 2019, incluyen no solo su etapa como presidente del país, entre 2016 y 2022, sino también la de alcalde de Davao, cargo al que accedió en 1988 y que ocupó, en diferentes etapas, durante 22 años, antes de llegar a la jefatura del Estado.
El expresidente filipino fue el segundo jefe de Estado en pasar a manos de la CPI desde su fundación en 2002, después del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, absuelto en 2019, aunque pasó casi una década detenido en La Haya.
Denuncia de asesinatos masivos
En abril de 2017 un abogado filipino demandó a Duterte ante la CPI por haber cometido "asesinatos en masa" en la campaña antidroga, que comenzó tras su investidura el 30 de junio de 2016, y durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la isla de Mindanao.
La denuncia incluía a once presuntos cómplices, entre ellos el secretario de Justicia, Vitaliano Aguirre, y el jefe de la Policía, Ronald de la Rosa.
Filipinas amenazó con retirarse de la CPI si esta investigaba la campaña de Duterte, al considerar que esto violaría el principio de complementariedad, según el cual La Haya solo puede juzgar un delito en caso de que no puedan hacerlo los tribunales del país en cuestión.
La CPI anunció investigaciones preliminares en febrero de 2018 y, al mes siguiente, tras asegurar que la "guerra contra las drogas" seguiría hasta el fin de su mandato, Duterte materializó la salida de Filipinas de la Corte Penal Internacional.
En agosto de 2018 familiares de víctimas de la guerra contra la drogas presentaron otra denuncia "por crímenes de lesa humanidad" ante la CPI contra Duterte.
La investigación de la CPI
En junio de 2021 la Fiscalía de la CPI pidió autorización judicial para investigar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la presidencia de Duterte y cifró entre 12.000 y 30.000 los civiles ejecutados extrajudicialmente entre julio de 2016 y marzo de 2019.
La posibilidad de un proceso internacional contra Duterte fue respaldada al mes siguiente por el Tribunal Supremo filipino, que reconoció la jurisdicción de la CPI en Filipinas hasta que el país se salió del organismo, en 2018.
La Corte Penal Internacional dio luz verde a la investigación en septiembre de 2021 y Duterte, en un discurso ante la Asamblea de la ONU, afirmó que había ordenado al Departamento de Justicia y a la Policía revisar los comportamientos de las autoridades durante la campaña antidroga.
El Gobierno filipino solicitó a la CPI un aplazamiento mientras llevaba a cabo sus propias indagaciones, y la corte internacional aceptó suspender temporalmente la investigación en noviembre de 2021.
Sin embargo, en enero de 2023, ya con Duterte fuera de la presidencia del país, la CPI reanudó sus pesquisas.
Su sucesor en la jefatura del Estado filipino, Ferdinand Marcos Jr., afirmó en noviembre de 2024 que su Gobierno no bloquearía a la Corte Penal Internacional (CPI) si Duterte permitía ser investigado, pero señaló que en caso contrario no cooperaría.
La detención y el proceso
El 11 de marzo de 2025 Duterte fue detenido por orden del Tribunal de La Haya en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, donde había llegado procedente de Hong Kong tras participar en un acto electoral previo a los comicios del 12 de mayo de 2025.
Fue trasladado a Países Bajos y, al día siguiente, ingresó en la prisión de la CPI en La Haya.
Los abogados del exmandatario impugnaron la jurisdicción de la CPI para investigar los crímenes contra la humanidad de los que acusa a Duterte, quien también pidió ser puesto en libertad por razones humanitarias.
En septiembre de 2025 la fiscalía de la CPI le acusó formalmente de tres cargos de crímenes de lesa humanidad, al afirmar que estuvo involucrado en el asesinato de 76 personas durante su guerra contra las drogas.
La corte le negó la libertad provisional y rechazó los argumentos de carácter humanitario vinculados a su estado de salud, ante el riesgo de fuga, la obstrucción del proceso o la posible reiteración delictiva.
Al mes siguiente la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI dictaminó que tiene jurisdicción para juzgar a Duterte, quien recurrió esta decisión, finalmente confirmada este miércoles por mayoría por la Sala de Apelaciones del tribunal. EFE
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