La Defensoría colombiana pide revisar nombramientos por denuncias de violencia de género
Bogotá, 22 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este jueves revisar nombramientos en altos cargos del Estado de personas vinculadas a denuncias o procesos por presunta violencia contra las mujeres, al advertir que estas decisiones pueden desincentivar las denuncias y debilitar la confianza institucional.
"No podemos pedir a las mujeres que denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran", señaló el organismo en un comunicado en el que reclamó criterios claros y públicos para designar a quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el Estado.
La Defensoría se refirió al nombramiento de Hatem Eduardo Dasuky Quiceno como asesor del Ministerio de la Cultura, pese a que afronta un proceso penal por presuntos delitos de acto sexual violento y acoso sexual por hechos ocurridos cuando trabajaba en la embajada colombiana en Chile.
También alertó sobre la posible vinculación del general retirado Eduardo Zapateiro a la gerencia de Seguridad Física de Ecopetrol, mientras afronta un proceso por presunto acoso sexual, y sobre el nombramiento de Jaime Gregorio Vives Pinedo como presidente de Coljuegos, pese a una denuncia de su expareja por presunta violencia intrafamiliar y basada en género.
Los cuestionamientos también alcanzan al ámbito legislativo donde el senador gobiernista John Alejandro Bermeo Rodríguez fue denunciado por una expareja por presuntos hechos de violencia sexual y maltrato, mientras que el senador Germán Rodríguez Prieto ha sido cuestionado por procesos relacionados con el pago de cuotas alimentarias para sus hijas, un asunto distinto de las denuncias de violencia de género.
La Defensoría advirtió que el temor a represalias, la revictimización y las barreras para acceder a la justicia pueden agravarse cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas y efectivas.
Por ello, instó al Gobierno y a las entidades estatales a evaluar la gravedad de los hechos denunciados, el estado de las actuaciones judiciales, la naturaleza de los cargos y los posibles riesgos de presión o represalias contra las denunciantes.
El organismo insistió en que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado y pidió coherencia entre los compromisos institucionales de prevención y protección y las decisiones sobre quiénes ejercen responsabilidades públicas. EFE
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