La SIP señala un deterioro en garantías de acceso a la información pública en Puerto Rico
Bogotá/San Juan, 25 oct (EFE).- Puerto Rico registra un deterioro en las garantías de acceso a la información pública, la transparencia gubernamental y el libre acceso a las coberturas en sedes oficiales del Estado, según denuncia el informe aprobado este domingo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El informe señala que el entorno institucional se ha vuelto "progresivamente más opaco y restrictivo" debido a reformas legislativas regresivas y a barreras administrativas avaladas judicialmente.
El principal factor de este retroceso es la promulgación de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, firmada el 14 de diciembre de 2025 por la gobernadora Jenniffer González.
La nueva ley impone requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales, lo que dificulta los procesos para acceder a información pública, tanto para periodistas como para ciudadanos.
Establece un término de 20 días laborables para entregar información, en lugar de los 10 días previstos anteriormente, para aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o que su antigüedad sea menor a tres años.
En el caso de documentos que superen las 300 páginas o los tres años de antigüedad, ese plazo aumenta a 30 días laborables y se puede extender hasta 50.
También dispone que "no serán información pública los expedientes de personal o cualquier información de esta índole", y exige notificar cada solicitud a los jefes de agencia, quienes determinarán si esta es "no defectuosa", entre otros requisitos.
La SIP también incidió en su informe en que se implementó una política de exclusión en La Fortaleza, sede del Ejecutivo y residencia de la gobernadora, al exigir una certificación previa del Departamento de Estado para ingresar a las conferencias de prensa.
Aunque un tribunal de primera instancia declaró inconstitucional la exigencia en febrero de 2026, el Supremo resolvió el pasado 17 de abril que el Ejecutivo puede requerir dicho carnet oficial, sentando un precedente adverso para el escrutinio de la gestión pública.
En el ámbito del discurso público, persiste un entorno de hostigamiento verbal promovido desde altas esferas del Poder Legislativo, destacando los insultos recurrentes del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, contra medios y periodistas en las redes sociales.
El informe de la SIP recoge, además, que los diarios El Nuevo Día y Primera Hora dejaron de imprimirse a finales de septiembre y pasaron a operar exclusivamente en formato digital, en el contexto de la acelerada transformación digital que atraviesa el ecosistema informativo. EFE
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