La UE pide combatir los desahucios y considerar la vivienda como un derecho fundamental
(Actualiza con declaraciones a EFE de la directora de la FRA)
Viena, 11 jun (EFE).- La crisis del encarecimiento de pisos y casas y la escasez de alojamientos asequibles es uno de los principales desafíos que enfrenta la Unión Europea (UE), que pide a los Estados miembros que combatan los desahucios y apliquen políticas desde la perspectiva de la vivienda como un derecho fundamental.
"El aumento de los precios de la vivienda y la falta de opciones de vivienda social y asequible han desencadenado una crisis de la vivienda en la UE", resume la situación la Agencia de derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, en su informe anual.
En ese documento se indica que el precio de la vivienda se disparó un 53,4 % y el del alquiler casi un 17 % entre los años 2015 y 2024, y señala que, si bien no hay datos comparables entre los 27 países miembros de la UE, el 'sinhogarismo está en aumento'.
Entre los datos que la FRA está el de casi 1,3 millones personas sin hogar en 2025 en la UE o el de unos 400.000 niños que el año anterior vivían en la calle, en albergues nocturnos o en alojamientos temporales.
"Los jóvenes y los grupos vulnerables se enfrentan a dificultades que socavan su acceso al derecho básico a una vivienda adecuada, y muchos siguen desprotegidos frente al desahucio y el sinhogarismo", afirma en el informe Sirpa Rautio, la directora de la FRA.
Riesgos para la democracia
En declaraciones a EFE, la responsable añade que hay una dimensión política más amplia y menciona que en el debate se ha colado la idea de que el problema se debe en parte a que "los inmigrantes se quedan con los pisos".
En ese sentido, considera que la frustración y la infelicidad que genera la falta de vivienda puede ser una amenaza para la democracia.
"Si la gente siente que no se les apoya, pierden la confianza en el Estado y en las instituciones", advierte Rautio en sus declaraciones a EFE.
Así, aunque reconoce que la vivienda siempre ha sido una mercancía, pide que se contrarreste con alojamientos sin ánimo de lucro.
Respecto al papel de los grandes tenedores de vivienda, como los fondos de inversión o algunos bancos, la directora de la FRA afirma que también están sujetos a la sostenibilidad corporativa y que "debería haber cierta responsabilidad".
La desprotección de los jóvenes y los más vulnerables
La FRA recoge una definición de la exclusión residencial y del sinhogarismo en seis categorías, que van desde la situación extrema de vivir a la intemperie a quienes residen con familiares y amigos de forma temporal por falta de recursos.
La FRA señala que, si bien las competencias de vivienda dependen principalmente de los Estados miembros, la legislación comunitaria también incluye obligaciones, algunas de ellas en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Además, recuerda que los 27 miembros de la UE han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que la vivienda es uno de los componentes del "derecho a una adecuada calidad de vida".
Ese pacto, recuerda la FRA, prohíbe los desalojos forzosos, incluso en casos de atrasos en el pago del alquiler o de las hipotecas.
En su análisis, la Agencia indica que aunque el 66 % de los residentes en la UE son dueños de la vivienda en la que residen, menos de la mitad de quienes viven bajo el umbral de la pobreza son propietarios.
Especialmente los jóvenes y los más vulnerables afrontan dificultades para acceder al derecho de una vivienda adecuada y muchos siguen desprotegidos frente al desahucio y el sinhogarismo, afirma Rautio en el informe.
En su análisis de la crisis de la vivienda, la FRA indica que en varios países no hay planes para evitar los desahucios o ayudar a quienes los sufren, y que los procedimientos y garantías, muchas veces dependientes de los municipios, varían mucho entre unos países y otros.
España es uno de los países donde se reforzaron las salvaguardas contra los desahucios en el año 2025. En este país, la situación de vulnerabilidad de los inquilinos puede activar la suspensión del desalojo y responsabilizar a las autoridades de buscar una residencia alternativa, por ejemplo.
Vivienda asequible y accesible
Más allá de los desahucios, la FRA anima a los Estados de la UE a que apliquen políticas para que la vivienda sea asequible y accesible.
En el informe se mencionan medidas como regular los alquileres; aumentar la oferta, incluida la vivienda social, con promociones con financiación pública; y gestionar el parqué de viviendas vacías y las de alquiler turístico y de corta duración.
Políticas que, además, tienen que aplicarse con especial atención a los grupos vulnerables, entre los que la FRA menciona a las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los discapacitados y las minorías étnicas.
La FRA destaca la existencia de 'tribunales del alquiler' que en países como Austria, Bélgica o Países Bajos permiten a los inquilinos reclamar un reembolso si se constata que se les ha cobrado más que el precio máximo de un piso en función de su ubicación o tamaño.
Respecto a los alquileres de corta duración en verano, la FRA señala un aumento del 28 % en plataformas como Airbnb o Booking entre 2023 y 2025 subieron un 28 %, con las regiones de Andalucía (España), la costa adriática croata e Ile de France (Francia) como las más populares. EFE
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