La violencia machista en Iberoamérica cuesta hasta el 6 % del PIB, según la SEGIB
Clara Antón
Madrid, 20 may (EFE).- La violencia contra las mujeres cuesta entre el 1 % y el 6 % del PIB en algunos países iberoamericanos por el impacto que genera en la salud, la productividad o la educación, lo que se revertiría si se implementasen políticas de prevención, explicó este miércoles a EFE la economista argentina experta en género Celina Santellán.
"La violencia contra las mujeres tiene impacto en las vidas de las personas que están siendo violentadas y de los agresores. Esas repercusiones afectan a lo que producen y finalmente un acto violento se traduce en entre el 1 % y el 6 % del PIB que se pierde, que se gasta o se deja de producir", afirmó Santellán en una entrevista previa a la presentación en Madrid del informe de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) 'Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica'.
Entre los países que desarrollaron estudios más amplios sobre el tema, mencionó a Paraguay, Ecuador, México y España.
¿Cómo afecta la violencia machista a la economía?
La experta aseguró que la violencia machista no solo tiene consecuencias directas sobre las víctimas, sino también sobre la economía de los hogares, las empresas y los Estados; por un lado hay que costear "la atención a esa violencia, es decir, los medios sociales, los servicios psicológicos o los servicios de atención a las agresiones físicas".
Por otro, tiene repercusiones "en la crianza y en los efectos que tiene en los hijos de esas sobrevivientes", ya que provoca "pérdidas en economía por trayectorias escolares afectadas con ausencias, con retrasos escolares, lo cual impacta negativamente en la economía".
Y las empresas también se ven afectadas por esta violencia: "Van a tener menor producción justamente porque las víctimas tienen tardanzas, faltas, producen menos por el efecto psicológico de la violencia, están desconcentradas... Y también porque los propios agresores generan costos en las empresas, ya sea utilizando sus recursos para ejercer la violencia o porque también faltan", resaltó Santellán.
El conteo aún es insuficiente
No obstante, la especialista advirtió de que el subregistro sigue siendo uno de los principales obstáculos para medir el impacto económico real de la violencia de género: según explicó, en la mayoría de los países solo se denuncian entre el 3 % y el 15 % de los casos.
"Si no se hacen ejercicios de conteo, ni siquiera sabemos que estamos perdiendo valor económico", afirmó, e insistió en que medir estos costes permite entender "lo que podríamos ganar" con políticas de prevención eficaces contra ello.
Para superar esta limitación, algunos estudios toman como fuente de sus datos los "casos atendidos", lo que se refiere a que, por ejemplo, en un hospital se reciben casos de violencia "que capaz no fueron efectivamente denunciados, pero sí son atendidos", indicó la economista.
Santellán también defendió el uso de encuestas de prevalencia desarrolladas por institutos de estadística nacionales que preguntan directamente a las mujeres si han sufrido violencia y de qué tipo, en lugar de depender únicamente de denuncias oficiales y registros administrativos.
Los costes indirectos y las minorías
La economista destacó que uno de los principales aportes de estos estudios es visibilizar los llamados "costes indirectos", relacionados con pérdidas de ingresos, tiempo de cuidados y productividad, que muchas veces no aparecen en las cuentas públicas.
En los análisis más completos, añadió, las víctimas soportan entre el 40 % y el 50 % del impacto económico total de la violencia.
En relación a la situación de las mujeres de minorías con "vulnerabilidades", es decir, racializadas, discapacitadas o indígenas, entre otras, Santellán lamentó que en muchos casos ni siquiera existen datos suficientes para medir el impacto de la violencia sobre ellas.
Atribuyó la causa tanto a limitaciones estadísticas como a la falta de muestras suficientemente amplias y destacó la importancia de impulsar sistemas de recopilación de datos sobre esos grupos y una "intención política clara" para realizar la medición.
Santellán destacó a Perú y a España como los países que actualmente poseen más mediciones al respecto, pero hasta ahora solo "permiten empezar a identificar" los datos.
"Sin una primera intención, no hay forma de llegar a que la medición efectivamente se efectúe", zanjó. EFE
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