Las acampadas por la vivienda desafían a las autoridades en Lisboa y Oporto
Lisboa, 18 oct (EFE).- Cientos de personas desafiaron esta madrugada las órdenes de desalojo y pasaron la noche acampadas en el centro de Lisboa y Oporto para reclamar viviendas asequibles, en una jornada que elevó la tensión política por la gestión de las protestas y la actuación de la Policía.
Los manifestantes instalaron decenas de tiendas en la plaza del Rossio, una de las más emblemáticas de Lisboa, y en la plaza de Dom João I de Oporto, escenario esta semana de un desalojo policial que dejó cerca de cuarenta heridos, según los organizadores.
Aunque las autoridades advirtieron de que las concentraciones no podían prolongarse durante la madrugada, los participantes decidieron permanecer en ambas plazas y organizaron turnos de vigilancia ante una eventual intervención policial.
La noche transcurrió finalmente sin incidentes graves. En Lisboa, la mayor parte del contingente policial se retiró de los alrededores del Rossio, mientras que en Oporto los agentes abandonaron la plaza después de negociar durante aproximadamente una hora y media con los responsables de la protesta.
Alrededor de 300 personas permanecían a las cuatro de la madrugada en la concentración de Oporto, donde había más de medio centenar de tiendas, según medios locales.
Las acampadas comenzaron después de las manifestaciones celebradas el sábado en varias ciudades portuguesas contra el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida.
En Lisboa, al menos 2.500 personas participaron durante la tarde en la protesta, según datos policiales, y una asamblea popular aprobó seis reivindicaciones: límites a los alquileres, la retirada de la nueva legislación sobre arrendamientos, el fin de los desalojos y demoliciones sin alternativa habitacional, restricciones a las compras de viviendas por fondos inmobiliarios, más vivienda pública y la recuperación de inmuebles vacíos.
La movilización adquirió también un marcado tono político, con consignas contra el Gobierno conservador de Luís Montenegro, al que los participantes acusan de favorecer a los propietarios y al sector inmobiliario frente a las personas que no pueden pagar los alquileres.
Tensión política y actuación policial
El ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, aseguró que contempla las protestas con "enorme preocupación" y admitió que quienes se manifiestan tienen razones para hacerlo porque la vivienda es un problema que "duele" y afecta a numerosas familias.
Sin embargo, rechazó que las medidas del actual Ejecutivo sean responsables del aumento de los alquileres, pues, según explicó en una entrevista con la radio pública Antena 1 y el diario Jornal de Negócios, muchas de ellas todavía no han entrado en vigor.
Pinto Luz también respaldó la actuación del alcalde de Oporto, el conservador Pedro Duarte, y elogió su "sensatez" en la gestión de las protestas.
La situación en esa ciudad está marcada por la carga policial de la madrugada del jueves, cuando los agentes desalojaron una acampada instalada en la plaza de Dom João I.
El Movimiento por la Vivienda cifra en cerca de cuarenta los manifestantes heridos, dos de ellos graves, y acusa a la Policía de emplear una fuerza "extrema, desproporcionada e injustificada".
La Policía de Seguridad Pública (PSP) reconoció que se produjeron heridos entre los participantes y que un agente tuvo que recibir atención hospitalaria, pero justificó su intervención por la resistencia de algunos manifestantes a abandonar el lugar.
La Inspección General de la Administración Interna abrió un expediente para esclarecer las circunstancias del operativo y evaluar los procedimientos utilizados por la PSP.
La polémica ha dividido a los partidos portugueses. La izquierda acusa al Gobierno de agravar la crisis de la vivienda y reclama responsabilidades por la actuación policial, mientras que la derecha defiende la necesidad de preservar el orden público y evitar la ocupación permanente de las plazas.
El primer ministro pidió esta semana que Portugal no importe "climas de inestabilidad y confrontación" de otros países, aunque reconoció el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
Los participantes en las acampadas, por su parte, tienen previstas nuevas actividades durante este domingo y aseguran que mantendrán las movilizaciones mientras no haya respuestas a una crisis que dificulta especialmente la emancipación de los jóvenes, incluso de quienes tienen empleo. EFE
mf/ah