Más del 75 % de los españoles cree que la justicia no es "imparcial" con los políticos
Madrid, 6 jul (EFE).- El 76,9 % de los españoles cree que en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos la justicia no siempre es "imparcial", y además el 88,8 % opina que no trata igual a los políticos que a las personas "corrientes", según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo español oficial de demoscopia.
En una encuesta difundida este lunes y realizada a partir de 4.027 entrevistas entre el 9 y el 12 de junio sobre "calidad de la democracia", el CIS revela una alta desconfianza ciudadana hacia el poder judicial, de modo que el 78,4 % afirma no creer que la justicia trate igual a ricos que a pobres.
Estos datos se conocen el mismo día en que dos de los principales periódicos españoles, El País y la Vanguardia, publican también sendas encuestas que desvelan el sentimiento de desconfianza de los ciudadanos hacia la justicia y denuncian una instrumentalización de la misma con fines político.
Las dos encuestas, una del Instituto 40dB para El País y la Cadena SER, y otra por IPSOS para La Vanguardia, analizan la percepción de la justicia en España en un momento en que muchos políticos (y sus familiares) se enfrentan a los tribunales.
El Instituto 40dB para El País y la cadena SER cifra en más del 65%, los españoles que consideran que existe una judicialización de la política en España, también llamada 'lawfare'(procedimientos judiciales con fines de persecución política)
Esta encuesta subraya que "todos los electorados coinciden en que los partidos influyen en la Justicia y que la política ha invadido los tribunales"; un 75,5% de la población cree que estos intentan influir en las decisiones de los jueces, y un 62,8% piensa que algunos jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas
Por su parte, una encuesta de IPSOS para la Vanguardia señala que, un 60% por ciento de los españoles cree que hay jueces haciendo política y solo el 40% los considera imparciales.
Estos datos se conocen cuando destacados políticos del gobernante partido socialista están envueltos en diversos casos judiciales por presunta corrupción, lo que se ha convertido en argumento de la derecha para la disputa política.
Es el caso del exministro de transporte y antiguo dirigente socialista José Luis Ábalos que ha sido condenado a 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
A ello se une la investigación por un posible caso de tráfico de influencias al expresidente del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, o la imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que reúne a las empresas con participación pública, Belén Gualda.
Además, familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están siendo procesadas, como su mujer Begoña Gómez, imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
También su hermano, David Sánchez, está siendo juzgado por supuestas irregularidades en la adjudicación de una plaza por parte de la Diputación de Badajoz (suroeste de España).
Por otra parte, desde el conservador Partido Popular (PP), el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz está siendo juzgado por impulsar una trama ilegal para espiar al extesorero Luis Bárcenas con el objetivo de robarle documentos comprometedores para el partido.
De todos los casos, las encuestas destacan que el de Begoña Gómez, el del expresidente Zapatero y el de David Sánchez, son los en que más se perciben como 'lawfare', mientras que los de Fernández Díaz y Ábalos son los que más sienten que se basan sobre indicios jurídicos .EFE
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