Meloni saca adelante su polémico decreto de seguridad con la promesa de corregir errores
Roma, 22 abr (EFE).- El Gobierno de Italia de Giorgia Meloni aprobó este miércoles su polémico decreto de seguridad en la Cámara de Diputados, blindado mediante una cuestión de confianza, con el compromiso de reformarlo inmediatamente para subsanar las dudas de inconstitucionalidad planteadas desde la Jefatura del Estado.
El texto, que recibió el visto bueno del Ejecutivo como "decreto ley", debía ser validado por el Parlamento en un plazo de 60 días para no decaer.
La votación se saldó con 203 votos a favor, 117 en contra y 3 abstenciones.
Pese a superar el trámite, la norma nace con el compromiso de una modificación posterior tras las advertencias del presidente de la República, Sergio Mattarella, y de diversos sectores jurídicos.
El principal punto de fricción es una enmienda que prevé el pago a los abogados que asistan a inmigrantes en procesos de repatriación voluntaria, siempre que estos se completen con éxito, lo que motivó que Mattarella exigiera cambios por dudas sobre su encaje constitucional.
La Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI) calificó de "inaceptable" que la retribución de un profesional dependa del resultado y no de su actividad, mientras que el Consejo Nacional Forense (CNF) denunció que no se les consultó para ejercer de "tesorería" en el pago de estos incentivos.
Ante la falta de tiempo para modificar el decreto antes de su vencimiento el próximo sábado 25 de abril, el Gobierno optó por aprobarlo en su forma actual, comprometiéndose a tramitar un nuevo texto 'ad hoc' que recoja las peticiones del jefe del Estado.
La medida correctiva, cuya aprobación por el Consejo de Ministros está prevista antes del viernes, según adelantó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, busca subsanar las dudas constitucionales ampliando el alcance de los beneficiarios.
La nueva redacción prevé que el pago se otorgue no solo a abogados, sino también a mediadores y asociaciones, y que se abone incluso si el proceso de repatriación no llega a término, según los medios locales.
La repatriación voluntaria asistida es un instrumento previsto por las políticas migratorias italianas que permite a los ciudadanos extranjeros regresar a sus países recibiendo la asistencia del Estado.
Más allá del polémico artículo sobre los incentivos a los abogados, el paquete legislativo autoriza otras medidas como la "detención preventiva" de hasta 12 horas para personas consideradas peligrosas antes de una manifestación pública.
Asimismo, la Policía también podría ordenar a una persona sospechosa que firme una o más veces en la comisaría durante las horas de manifestación y su incumplimiento se castigaría con penas de entre cuatro meses y un año de prisión.
La normativa endurece también el control de las armas blancas al prohibir su venta a menores y castigar el porte de hojas de más de ocho centímetros con hasta tres años de prisión, con multas de hasta 1.000 euros para los padres de los infractores.
También se establece un 'escudo penal' para eximir del registro automático de sospechosos a quienes actúen en defensa propia o cumplimiento del deber, mientras se equiparan las agresiones a sanitarios o docentes con los ataques a la autoridad, con penas de hasta 16 años.
Además, huir de un control policial, poniendo en peligro la seguridad pública, se considera un delito penado con seis meses a cinco años de prisión y con arresto inmediato. EFE
csv/rcf