Ministra discrepa de propuesta de Kast para que hospitales delaten migrantes irregulares
Santiago de Chile, 15 may (EFE).- La ministra chilena de Salud, May Chomali, marcó distancia este viernes con la controvertida propuesta del Gobierno para obligar a hospitales y colegios, entre otras instituciones, a entregar a las autoridades datos de migrantes irregulares para facilitar su expulsión
"Lo estamos mirando con bastante preocupación", reconoció en una entrevista a Radio 13C.
"Nosotros no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas porque esa información se entrega en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el código sanitario y por la ley de deberes y derechos de los pacientes", añadió.
El Ejecutivo del ultraconservador José Antonio Kast presentó hace unos días la controvertida indicación durante una sesión parlamentaria para revisar un proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas.
La indicación legislativa establece que "todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran".
Dichos antecedentes incluyen "el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación", según la indicación.
En Chile, viven actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, la mayoría venezolanos, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Kast, quien en campaña prometió mano dura contra la migración irregular y la vinculó con el aumento de la criminalidad, declaró el jueves ante los periodistas que es necesario "ordenar" las prestaciones sociales que entrega el Estado y sostuvo que "la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos".
"La ministra de Salud insistió este viernes que "no se puede negar una atención de salud porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población".
"Un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para otros niños chilenos", agregó.
La indicación legislativa se enmarca dentro de la estrategia de Kast por reducir la migración irregular, que incluye también la construcción de una zanja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia; el aumento de la frecuencia de vuelos de deportación y operativos de fiscalización en mercados, entre otros lugares.
Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
Caracas rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 en el país caribeño, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos con órdenes de expulsión.
El mismo Kast, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció esta semana que la promesa de expulsar a los 330.000 migrantes irregulares de manera casi inmediata era una "hipérbole" y que su Gobierno busca acercar posturas con Venezuela para poder concretar las deportaciones. EFE
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