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Muere líder indígena encarcelado por el gobierno de Ortega en Nicaragua

Muere líder indígena encarcelado por el gobierno de Ortega en Nicaragua

San José, 31 Mayo 2026 (AFP) -

El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención, informó este domingo el ministerio de Salud.

Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 se septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un "preso de conciencia" de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.

"Lamentamos confirmar que desgraciadamente ha dejado este plano de vida", aseguró el ministerio en un comunicado publicado en medios oficialistas como El 19 Digital.

Según ese reporte, el "deterioro físico y neurológico" de Rivera fue "consecuencia de una bacteria generada por el virus del covid 19".

Su deceso se produjo pese a los "enormes e intensos esfuerzos" médicos, agregó el gobierno, que envió condolencias a la familia del dirigente, algunos de cuyos miembros lo acompañaron en las últimas horas.

El exdiputado estaba hospitalizado por múltiples problemas de salud, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial, visiblemente demacrado, y la víspera reconoció por primera vez que su condición era "crítica".

- De la ONU a prisión -

Rivera era un reconocido líder del pueblo miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.

Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra.

Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos graves como traición a la patria.

Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU sobre cuestiones indígenas en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Al regresar a su país se le impidió el ingreso, pero posteriormente logró entrar clandestinamente.

En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del "riesgo", pero que lo hacía por "amor" a su "tierra" y a su "pueblo".

Luego de ello fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia.

- Un centenar de desaparecidos -

Al exigir una prueba de vida el pasado 1 de mayo, un grupo de expertos de la ONU aseguró que el líder indígena formaba parte de un grupo de 112 personas "desparecidas forzadamente".

"Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles", afirmaron los juristas, que reportaron el caso de otra persona que murió en febrero de 2026 mientras estaba detenida.

"Parece una estrategia deliberada de recurrir a las violaciones de derechos humanos más graves y aterradoras para silenciar la disidencia y controlar a la población", añadieron.

La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (Ajim) lamentó la muerte de Rivera y sostuvo que "ningún pueblo debería despedir a sus líderes en las condiciones en que hoy despedimos a Brooklyn".

Estados Unidos había exigido el pasado viernes su liberación "incondicional" y tildó de "abominable" esta "represión, violencia e inhumanidad".

Rivera fue miembro de la Alianza Revolucionaria Democrática (Arde) liderada por el fallecido Edén Pastora, alias Comandante Cero, que se alzó contra el gobierno del Frente Sandinista en la guerra civil de los "contras" en la década de 1980.

También fue líder de la milicia indígena Misurasata, y tras la guerra civil fue profesor universitario y diputado nacional.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.

El gobierno denunció esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Según informes de la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.

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