Multas, deportaciones o clandestinidad: la encrucijada de los sin papeles en Jordania
Hayat al Dbeas
Amán, 1 oct (EFE).- Miles de trabajadores extranjeros en Jordania afrontan desde este jueves una carrera contrarreloj para regularizar su situación administrativa, en un sistema burocrático que, paradójicamente, obstaculiza la puesta al día de sus papeles y aboca a muchos de ellos a la clandestinidad.
Tras cuatro meses de tregua extraordinaria, con el nuevo mes el Gobierno jordano reactiva las deportaciones de migrantes en situación irregular e impondrá severas sanciones a las empresas que mantengan personal sin regularizar. La medida acorrala a un colectivo vulnerable, que sostiene buena parte de la economía sumergida del país.
El Ejecutivo defiende que esta iniciativa busca "ordenar el mercado de trabajo" y garantizar el cumplimiento estricto de la legislación laboral sin distinción de nacionalidad, según explica a EFE el portavoz del Ministerio de Trabajo, Mohamed al Zaiyud.
Sin embargo, sobre el terreno, la combinación de trabas administrativas y arbitrariedades patronales ha convertido el proceso de regularización en un laberinto para los trabajadores migrantes.
Avalistas falsos
El principal obstáculo radica en el sistema de "patrocinio" o avalista local, una figura obligatoria mediante la cual el trabajador queda formalmente vinculado a una empresa o empleador específico para poder residir y ejercer legalmente en el país.
En la práctica, muchos empleadores aprovechan esta dependencia para imponer condiciones restrictivas o negarse a asumir los costes de tramitación y renovación de las licencias.
"Para conseguir el permiso legal no te queda otra que aceptar lo que pida el patrocinador", explica a EFE Yousef, un trabajador de 38 años procedente de un país árabe que prefiere no identificarse por temor a represalias.
La desesperación ha disparado un mercado negro de "avalistas falsos".
Se trata de intermediarios que cobran hasta 800 dinares (unos 990 euros) por gestionar la emisión de un permiso formal a nombre de una empresa ficticia o sin actividad real, dejando al empleado en libertad de buscar trabajo en otros sectores, pero manteniendo su situación al margen de la ley.
El director del Observatorio Laboral Jordano, Ahmed Awad, ratifica a EFE la persistencia de esta práctica y advierte de que la excesiva vinculación del migrante a un único contratante choca con los principios de la propia legislación nacional.
"El sistema priva al trabajador del derecho a dimitir o cambiar de empleo, atrapándolo en puestos no deseados o empujándolo a la clandestinidad", advierte.
Sectores marcados por duras jornadas y bajos salarios, como la agricultura o el servicio doméstico, registran los índices más altos de abandono del empleador registrado, alimentando así el flujo de trabajadores hacia la economía informal en busca de mejores ingresos.
Controles y deportaciones
Desde la administración pública se insiste en que las reglas son claras.
Al Zaiyud matiza a EFE que las personas que cuenten con "estatus oficial de asilo político o humanitario" no serán expulsadas del país durante la aplicación de esta medida.
No obstante, advierte de que los sistemas informáticos del ministerio ya tienen marcados con la casilla de "deportación" los expedientes de aquellos trabajadores irregulares que no hayan subsanado su estatus al término del plazo.
En cualquier caso, a partir de este jueves, las inspecciones laborales se intensificarán.
Las empresas que empleen a personas sin la documentación en regla encararán multas a partir de los 700 dinares (860 euros) por cada trabajador detectado, mientras que los empleados no regularizados afrontarán la repatriación forzosa.
Columna vertebral
La mano de obra extranjera constituye un pilar central del tejido económico jordano.
De los 1,57 millones de trabajadores migrantes que se estiman en el reino levantino -encabezados por egipcios (47 %), bangladesíes (12,9 %) y sirios (9 %)-, menos del 25 % trabaja dentro del círculo legal.
Desde 2021, unos 40.000 vivían al margen de la norma.
Se estima que unas 26.000 personas han logrado regularizarse en los últimos meses y 3.000 han sido expulsados. Para los miles restantes, este 1 de octubre marca el límite definitivo entre la estancia legal y el retorno forzoso. EFE
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