No habrá colapso por plan de regularización, dice España mientras Supremo valora pararlo
Madrid, 22 may (EFE).- El Gobierno de España negó este viernes que su plan de regularización masiva de inmigrantes vaya a producir un colapso en los servicios públicos ni impactar en el censo electoral, durante una de las cinco vistas de este viernes en el Tribunal Supremo del país, que va a valorar si paraliza cautelarmente el programa.
El abogado del Estado, en representación del Ejecutivo, subrayó el carácter "especialmente limitado" del proceso y sus efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB, y defendió la regularización para lograr "la integración de las personas que ya están en España", al estar dirigido a migrantes que llevaban al menos cinco meses en el país antes del pasado 1 de enero.
El plan de regularización ha sido llevado al Supremo para intentar paralizarlo por varios recurrentes, entre ellos la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el principal partido opositor español, y la formación de extrema derecha Vox, entre otros.
Ante los argumentos de algunos de estos, que afirman que tendrá un impacto en el censo electoral, el abogado del Estado negó tajantemente que las personas que se beneficien de la medida extraordinaria vayan a poder votar en las próximas elecciones, porque para eso es necesario tener la nacionalidad, y este marco sólo habilitará para residir y trabajar temporalmente en España.
El representante gubernamental informó al Supremo de que hasta este jueves se habían recibido 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes, de las que han sido admitidas a trámite 91.505 peticiones.
También intervinieron durante las vistas dos letrados de las entidades sociales personadas en el proceso como parte codemandada en cuatro de los cinco recursos, y desde donde pusieron el foco en los aproximadamente 147.000 niños y niñas en situación irregular en España que podrían beneficiarse de este proceso.
Desde la Comunidad de Madrid, uno de los demandantes, el gobierno regional afirma que el plan tendrá un efecto significativo en sus servicios públicos y un impacto presupuestario, ya que estiman que se podrán beneficiar de ella unas 255.000 personas en la región.
Desde el partido Vox esgrimen el potencial impacto en el gasto público estatal, que aseguran que experimentará un "brutal incremento", y el mencionado tema del censo electoral, además de afirmar que la regularización es "manifiestamente ilegal", y que el Gobierno tiene como "única finalidad darle papeles a todo el mundo", en palabras del eurodiputado Jorge Buxadé.
Por su parte, la asociación ultraconservadora Hazte Oír, otra de las partes demandantes, defendió que la suspensión cautelar que persigue no supondrá "un perjuicio irrevocable", pues los migrantes podrían recurrir a otras "vías ordinarias" para obtener los papeles. EFE
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