ONG denuncia la desaparición forzada en Nicaragua de otro nicaragüense adulto mayor
San José, 5 jun (EFE).- El nicaragüense Ricardo José Mendoza Irigoyen, de 64 años, detenido de forma arbitraria el 23 de enero pasado, se encuentra en condición de desaparición forzada, denunció este viernes la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que contabiliza al menos nueve casos, en su mayoría adultos mayores.
"¿Dónde está Ricardo José Mendoza Irigoyen?. Fue detenido el 23 de enero de 2026, a las 22:30 horas, en su casa de Managua, por un operativo policial armado, sin orden judicial y, desde entonces, su familia no recibe información oficial sobre su paradero", señaló en un mensaje el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José.
Ese organismo exigió al Gobierno de Nicaragua dé fe de vida, respete la integridad y libere inmediatamente a Mendoza Irigoyen, quien no tiene una causa judicial abierta y a quien no se le conoce participación política.
Ese Colectivo ha advertido que el Gobierno que presiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, "ha establecido una política de desaparición forzada en el país", con lo que "somete a los detenidos a una vulnerabilidad extrema y estado de indefensión total", y "elimina de facto el derecho a la defensa y vuelve ineficaz cualquier acción legal".
Según ese organismo, la desaparición forzada, al igual que las detenciones arbitrarias y torturas, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y deben ser investigados, juzgados y sancionados.
El pasado miércoles, expertos de Naciones Unidas denunciaron que siete familiares del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, fallecido tras dos años y medio de detención arbitraria en paradero desconocido, han sido víctimas de desaparición forzada cuando acudieron a reclamar sus restos.
"Las graves violaciones contra Rivera y su familia deben cesar; el Gobierno de Nicaragua debe revelar el paradero de los siete familiares y liberarlos de inmediato", señalaron en un comunicado los 16 expertos, entre ellos los relatores de la ONU para los pueblos indígenas, Albert Karume, y contra la tortura, Alice Jill Edwards.
Ese mismo día, familiares de opositores presos en Nicaragua expresaron su temor de que nueve de sus parientes, también en condición de desaparición forzada, sean la próxima víctima bajo custodia del Estado, tras el fallecimiento del líder indígena miskito.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria". EFE
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