ONG denuncian irregularidades en proceso contra condenados a muerte por ataque en Bangkok
Bangkok, 11 jun (EFE).- Varias ONG denunciaron supuestas irregularidades en el proceso judicial de Tailandia que este jueves condenó a muerte a dos hombres, identificados como uigures, minoría musulmana china, por el atentado de 2015 en Bangkok que dejó 20 muertos y más de 120 heridos.
Iniciado hace una década en un tribunal militar y posteriormente transferido a una corte civil, el proceso se ha visto envuelto desde el principio en críticas de diferentes ONG por presuntas violaciones de los derechos de los dos condenados, miembros de la perseguida minoría musulmana de la región china de Xinjiang.
Mohamed Bilal y Yusuf Mieraili fueron hallados culpables de múltiples delitos, entre ellos el de homicidio premeditado, cuya pena máxima es la ejecución. Ambos aseguraron durante el proceso que sus primeras confesiones fueron obtenidas bajo coacción y tortura.
En este sentido, el asesor de Human Right Watch en Asia, Sunai Phasuk, dijo hoy a EFE que el tribunal y otros organismos "no han investigado las presuntas torturas y malos tratos infligidos" a los acusados tras su detención.
De manera similar lo argumentó el director de la asociación Asia Human Rights and Labour Advocates, Phil Robertson, quien señaló que "este juicio ha sido una sucesión de errores, plagado de repetidas violaciones del derecho de los acusados a un juicio justo e imparcial, y de retrasos excesivos e inexplicables".
Sunai añadió que "las autoridades tailandesas consideran a los uigures exiliados una amenaza para la seguridad (...) Quienes se encuentran en Tailandia están sujetos a arresto y deportación a China, lo que pone sus vidas en peligro".
Una de las hipótesis barajadas en su día con respecto al atentado, perpetrado en el templo hinduista de Erawan, popular entre turistas chinos, fue su posible vinculación con la deportación semanas antes de Tailandia a China de un centenar de uigures que esperaban viajar a Turquía en busca de asilo.
La minoría, emparentada con pueblos de Asia central, es un asunto delicado en las relaciones con Pekín, el mayor socio comercial de Bangkok. Numerosas ONG acusan a China de hostigar y detener a uigures en centros de reeducación en Xinjiang, donde Pekín ha acusado a grupos de actividades terroristas.
El vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Teppei Ono, señaló en un comunicado que "la sentencia de muerte impuesta" agrava "aún más la situación" porque "ahora (los acusados) podrían enfrentarse a la violación de su derecho más fundamental: el derecho a la vida".
La última vez que Tailandia aplicó la pena de muerte fue en junio de 2018, cuando un joven de 26 años recibió la inyección letal tras haber sido condenado por robo con asesinato.
Según cifras de Amnistía Internacional, hasta marzo de 2025 el país mantenía a 344 hombres y 39 mujeres en el corredor de la muerte, la gran mayoría condenados por narcotráfico. EFE
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