ONG piden al Gobierno marroquí avances en derechos, libertades y justicia social
Rabat, 21 oct (EFE).- Organizaciones civiles marroquíes instaron este miércoles al nuevo Gobierno a convertir sus compromisos en resultados tangibles en diez ámbitos, entre ellos los derechos y libertades, la igualdad, la justicia social, la democracia y la integración de los jóvenes.
La petición figura en el documento 'Marruecos 2030: por un Estado de derecho, justicia, igualdad y desarrollo sostenible', presentada hoy en Rabat y firmada por 45 redes asociativas que trabajan en los ámbitos del desarrollo, el género, la juventud y las personas con discapacidad, entre otros.
El documento exhorta al Gobierno y al Parlamento a emprender reformas que refuercen la independencia de las instituciones, protejan las libertades individuales y colectivas y pongan fin a los abusos de poder.
Las reivindicaciones se dirigen a la nueva mayoría gubernamental surgida de las elecciones legislativas del 23 de septiembre, encabezada por Fatima Ezzahra el Mansouri, del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), primera mujer que preside el Gobierno en Marruecos.
El documento, presentado durante una rueda de prensa, reclama adaptar la legislación para salvaguardar las libertades fundamentales, proteger a los defensores de derechos humanos, fortalecer a las instituciones y organizaciones civiles, mejorar las garantías judiciales y prevenir la impunidad, ante el retroceso que vive Marruecos en este ámbito.
En materia de igualdad, la memoria pide priorizar la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, jóvenes y personas con necesidades especiales, integrarlos plenamente en el proceso de desarrollo y garantizar su acceso a puestos de responsabilidad y dirección.
Los firmantes consideran que el "verdadero desafío" de Marruecos consiste en transformar los avances logrados en los últimos años en derechos efectivos, y los programas y políticas anunciados en servicios públicos reales de calidad.
En el plano de la democracia representativa, el documento aboga por reformar las leyes electorales para "superar una concepción que reduce la democracia al voto y a la representación numérica", y garantizar una auténtica pluralidad política, una representación efectiva y la igualdad de oportunidades de participación.
También reclama transparencia en la gestión presupuestaria y que los derechos humanos, la igualdad, la justicia social y territorial y la sostenibilidad ambiental orienten las decisiones sobre presupuesto, impuestos e inversiones.
El escrito insta, además, a pasar de programas sociales "fragmentarios y coyunturales" a políticas públicas sostenibles que aseguren servicios básicos de calidad y gratuitos, especialmente en educación y salud, una protección social universal y una distribución equitativa de los frutos del desarrollo.
En el ámbito territorial, pide reducir las disparidades en infraestructuras y desarrollo entre las regiones, combatir la pobreza y garantizar agua, energía e infraestructuras básicas en las zonas montañosas, los oasis y los barrios marginados.
Asimismo, propone un pacto nacional que convierta la protección del medio ambiente en un compromiso jurídico y de desarrollo, refuerce la autonomía energética de las comunidades locales y preserve los recursos naturales y los derechos de las generaciones futuras. EFE
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