ONG rechaza la salida de Venezuela de la CPI y recuerda que seguirán las investigaciones
Caracas, 25 jul (EFE).- La ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó este sábado la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), que no tendrá efectos inmediatos, y recordó que las investigaciones abiertas hasta ahora y durante el próximo año no se verán afectadas por este retiro.
A través de X, Provea subrayó que la salida de Venezuela entraría en vigencia un año después, por lo que los presuntos crímenes cometidos dentro de este período, además de los previos, podrán ser investigados y sus responsables condenados en el futuro.
Asimismo, mencionó que el Estatuto de Roma -el tratado que creó la CPI- establece que la retirada "no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto".
"Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro", señaló la organización.
El viernes, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la decisión del Gobierno de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un "sesgo" que concentra su labor de forma "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos, y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.
Horas después, la presidenta encargada Delcy Rodríguez acusó a la CPI de acumular expedientes para agredir a los pueblos del "sur global", entre ellos Venezuela, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente a su país de este organismo.
Por su parte, la CPI lamentó la decisión de Venezuela y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años.
En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no había recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional "sigue siendo un derecho soberano de los Estados".
En 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y, en 2021, inició una investigación formal que permanece activa.
En abril de 2022, Venezuela solicitó que se aplazara la investigación en favor de las actuaciones de sus autoridades nacionales, pero en junio de 2023 la Corte autorizó a la Fiscalía de la CPI a reanudarla al considerar que los procedimientos penales internos del país suramericano no reflejaban suficientemente el alcance de las pesquisas.
Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de "progreso real" en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya continuarán con las pesquisas. EFE
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