Ordenan prisión domiciliaria para extitular de seguridad social de Paraguay investigado
Asunción, 20 ago (EFE).- Un juez de Paraguay ordenó este jueves el arresto domiciliario de Vicente Bataglia, quien presidió entre 2021 y 2023 el Instituto de Previsión Social (IPS) y está acusado junto a otras ocho personas por un presunto daño patrimonial a esa institución estimado en 10,2 millones de dólares.
La decisión fue anunciada por el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia durante una audiencia de imposición de medidas, en la que también ordenó al exfuncionario portar una tobillera electrónica.
Además de Bataglia, otras ocho personas -entre ellas el también expresidente de esa entidad Jorge Brítez- fueron imputadas el pasado 4 de agosto por la Fiscalía por un presunto daño patrimonial contra el IPS, que administra el seguro social obligatorio y tiene a cargo la salud y las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.
Bataglia retornó al país procedente de Italia el pasado 12 de agosto y compareció ante el Ministerio Público, que solicitó se levantara una orden de detención preventiva emitida en su contra.
No obstante, el juez advirtió este jueves, durante la comparecencia que Bataglia, que, según un informe de la Dirección de Migraciones, no registraba una entrada formal al país, lo que señaló como un indicio para que ese juzgado considere que no hay garantías de que el exfuncionario se someta a la justicia bajo libertad condicional.
El mismo magistrado concedió el 6 de agosto pasado la libertad ambulatoria a Brítez -el otro extitular del IPS investigado-, tras argumentar entonces que el acusado tiene más de setenta años y presentó un inmueble como garantía económica.
La Fiscalía acusa a los investigados como presuntos responsables de haber otorgado prórrogas y autorizado pagos iniciales "sin la debida justificación", por un valor de 53.000 millones de guaraníes (unos 8,8 millones de dólares), a una firma que debía instalar quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS en la ciudad de Asunción.
Posteriormente, se autorizaron otros pagos y se alcanzó la cifra de 61.000 millones de guaraníes (unos 10,2 millones de dólares), "pese a conocer que la ejecución del contrato no podía concretarse debido a la falta de planificación y evaluación previa de la infraestructura edilicia donde debían instalarse los quirófanos modulares", según detalla el Ministerio Público en un comunicado. EFE
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